Una nueva conspiración: el "feminazismo" (II)

Había dejado la anterior entrada sobre la nueva teoría de la conspiración (el “feminazismo“, que supuestamente pretende someter y exterminar a todos los varones de este mundo) en una pequeña trampa (o manipulación) de los datos estadísticos que utiliza la prestigiosa socióloga de cabecera de estas asociaciones que se oponen frontalmente a las políticas denominadas de género; Catherin Hakim elimina en sus estudios los datos referentes a los trabajos a tiempo parcial para demostrar que la diferencia salarial por hora trabajada entre hombres y mujeres es muy similar en Gran Bretaña (patria del neoliberalismo y del antiintervencionismo) respecto a Suecia (un país con un amplio abanico de políticas de género e intervencionistas). Puesto que los datos a comparar se refieren a salario por hora trabajada (sin que afecten, por lo tanto, las horas que se trabaje), la exclusión de los trabajos a tiempo parcial sólo puede responder al hecho de eliminar de las estadísticas al 80% de mujeres que, según el texto que se está utilizando como referencia, no priorizan el trabajo sobre la familia y, por lo tanto, pueden aceptar empleos a tiempo parcial para compatibilizar la familia con el trabajo; que los resultados finales no aparezcan sesgados al excluir los datos del 80% de una muestra sería un auténtico milagro, pero esta es la única forma en la que una teoría de la conspiración puede triunfar: si un dato estorba para demostrar lo que se quiere demostrar, se elimina y punto. Y mientras los demás descubren qué dato se ha eliminado para llegar a las conclusiones a las que se quería llegar, ya se ha convencido a un buen número de personas de lo malvadas que son las “feminazis” y, además, ya habrá habido tiempo para inventarse una justificación para la eliminación de los datos molestos (los conspiracionistas siempre juegan con ventaja: saben qué datos están sesgados y pueden ir pensando en cómo justificarán ese sesgo).
Recordemos que el motivo de la publicación de la primera parte de esta entrada (escrita hace meses, aunque aparcada por la escasa relevancia de este movimiento conspirativo) fueron unos mensajes en las redes sociales del Diputado de UPyD Toni Cantó apoyando las conclusiones de un informe de la Federación de Afectados por las Leyes de Género (FEDER.GEN), coincidentes con las conclusiones a las que suele llegar este nuevo conspiracionismo; sólo unas horas más tarde parece que Toni Cantó pudo comprobar por sí mismo que las conclusiones a las que llegaba ese informe no estaban “contrastadas“, por lo que tuvo que rectificar lo dicho en sus anteriores mensajes.
Rectificación de Toni Cantó y desvío de responsabilidades hacia FEDER.GEN.
Pero una vez iniciada la crítica a este conspiracionismo, va a ser necesario acabar el trabajo, puesto que aunque permanezca de momento como un movimiento irrelevante, Toni Cantó les ha dado la publicidad que necesitaban para dejar de serlo; no sería extraño, por lo tanto, que vayan asomándose a partir de ahora por algún medio de comunicación. Prevengamos, pues, la aparición de conclusiones falsas o sesgadas que puedan convencer a incautos como Toni Cantó, aunque sin las posibilidades de contrastar los datos que sí ha tenido este Diputado. Así que retomemos el texto que dio origen a esta teoría de la conspiración; estábamos en mitad de su punto 5:

«5.- El fascio-feminismo, el “feminismo de la diferencia” tergiversa las estadísticas sobre hombres y mujeres y oculta datos a la opinión pública, cuando los mismos cuestionan la falacia totalitaria de que el hombre es el agresor por excelencia y no la clase social dominante (hombres y mujeres) frente a las clases sociales (hombres y mujeres) económicamente más débiles.

Ejemplos:

-Se oculta que hay un mayor número de lapidaciones de hombres por motivo de adulterio que de mujeres muertas por el mismo procedimiento en algunos países islámicos (Nigeria), la ablación de penes en niños (Etiopía), mayor número de niños soldados, mayor número de hombre muertos en las guerras, violaciones a varones por parte de mujeres soldados, etc.

-Se manipulan los datos salariales de las mujeres, etc.

-Se ocultan los datos de hombres muertos asesinados por mujeres.

-Se ocultan los datos de hombres maltratados, psicológica y también físicamente, por mujeres.

-Se ocultan los suicidios de hombres con la vida destrozada por las presiones judiciales, fruto de leyes sexistas discriminatorias, que les dejan desposeídos de toda posibilidad de defensa ante denuncias falsas de maltrato y favorecen su expolio económico, e incluso su encarcelamiento siendo inocentes.»

Nos habíamos quedado en la manipulación de los datos salariales de las mujeres, y ya hemos visto y comprobado que la única manipulación proviene exactamente de las filas de este nuevo conspiracionismo.
Los siguientes axiomas que se aportan son que se ocultan los datos de hombres asesinados o maltratados por mujeres; ya en la entrada anterior se enlazó a un texto en el que se citan 139 casos de 2011 de maltratos en los que el verdugo era la mujer. Lo curioso es que todos los casos citados provienen de lo publicado en periódicos como El Mundo o en agencias como EFE, por lo que hablar de ocultación es, como mínimo, contradictorio; pero ese listado nos va a mostrar otra característica de esta y de cualquier otra teoría de la conspiración: echar mano de cualquier noticia que pueda apoyar sus tesis aunque la noticia no tenga nada que ver con las mismas es algo muy recurrente entre los conspiracionistas (deben acaparar cuantos más argumentos mejor -independientemente de su calidad- para apabullar al incauto que asoma sus narices en cualquiera de sus numerosas páginas web buscando información).
De los 139 casos citados, ocho acabaron con la muerte del marido (en el listado está duplicado el caso de la mujer de Aspe que mató a su marido con una sobredosis de insulina); ese mismo año, fueron 66 las mujeres asesinadas a manos de sus maridos (62 según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género). Sin menospreciar las vidas de varones sesgadas, es obvio que el número de muertes de mujeres es considerablemente mayor que el de hombres cuando hablamos de violencia de género; el 10,81% de las víctimas son hombres y el 89,19% son mujeres. Los números nos indican abrumadoramente dónde está el principal problema de la violencia de género; e indicarlo no significa ocultar las muertes de los 8 hombres, sino simplemente poner el foco sobre el problema principal, que es la muerte de 66 mujeres.
Pero ese listado aun nos va a reportar alguna sorpresa más; si observamos las noticias, comprobaremos que se incluyen en los 139 casos (138 si eliminamos el duplicado que se ha detectado hasta ahora) delitos de todo tipo perpetrados por mujeres: desde trata de blancas hasta maltratos a hijos e hijas, pasando incluso por el tráfico de drogas; en realidad, de esos 139 casos, sólo 50 son agresiones de mujeres a sus maridos o novios. Aunque debamos huir del tópico, lo cierto es que todo el listado (enlazado desde multitud de páginas contrarias a las políticas de genero) parece girar más entorno a la mujer como ente intrínsicamente malvado que entorno a la mujer como generadora de violencia de género; es decir, que parece que el problema del autor del listado es que padece un elevado grado de misoginia, siendo la violencia de género una excusa o un arma accesoria para dar rienda suelta a sus fobias personales.
Por último, no podemos pasar por alto la nota con la que se inicia el listado, en la que se afirma que «ninguno de estos casos figura como maltrato en la web del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, lo cual evidencia su grado de corrupción en la persona de su aborrecible presidenta Dª Inmaculada Montalbán Huertas, que no ha condenado ni uno sólo de estos casos. Esta es la igualdad que proclama el feminismo de género»; sin embargo, en el último informe disponible del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (correspondiente al mismo 2011) sí se recogen los 5 casos (y no 8) de hombres asesinados a manos de sus parejas o ex-parejas del sexo femenino aquel año, al igual que los 62 casos en los que las víctimas fueron mujeres a manos de hombres.
Hombres asesinados a manos de sus parejas entre 2008 y 2011 según el informe de ese último año del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
Es evidente que algo no acaba de encajar en el procesamiento y la interpretación de los datos que se ofrecen desde estas asociaciones conspiracionistas cuando de los 139 casos anunciados a bombo y platillo resulta que menos de la mitad (el 36%) se refieren a episodios de violencia de la mujer contra el hombre dentro de una relación de pareja o de ex-pareja, que se añaden a conveniencia datos de años distintos para incrementar el número de víctimas masculinas y que las afirmaciones vertidas acerca de la incorporación o no de estos episodios a los informes oficiales resultan ser completamente falsas. Exactamente los mismos defectos que estas asociaciones atribuyen al “feminazismo“.
Nos queda aún el último dato sobre las supuestas ocultaciones y manipulaciones del fascio-fenimismo: el referente a los suicidios de hombres destrozados por las leyes de género; Toni Cantó se encargó de airear en Twitter esos datos ocultos: 1.719 hombres (el 70% de los que se quitaron la vida) se suicidaron en 2010 como consecuencia directa de las leyes de género.
Según Toni Cantó, de los 3.145 suicidios de 2010 en España, 2.456 fueron hombres (el 78,09% de los suicidios); y de ellos, el 70% (1.719) estaban en proceso de separación. Las leyes de género matan a muchos más hombres que la violencia de género a mujeres (apenas 62 en 2011).
Informe de Fed.Gen (página 16) del que Toni Cantó tomó los datos; según este informe, es a partir de la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género cuando se producen 1.000 suicidios más al año entre los hombres. Podríamos decir que hay leyes que matan (o eso es al menos lo que nos quieren demostrar desde Fed.Gen con este informe con los datos burdamente manipulados).
Lo primero que llama la atención si seguimos el enlace al INE que se facilita como fuente de esta tabla en el informe de Fed.Gen es que los datos sólo llegan hasta 2006, por lo que el origen de ese salto de más de 1.000 suicidios de varones al año a partir de 2007 no proviene de la misma fuente que las cifras de suicidos entre 1998 y 2006 que constan en el informe; además, aunque en el informe no se diga, el número de suicidios entre mujeres también se incrementó alarmantemente a partir de 2007 (un 37,24% si nos hemos de fiar de los datos facilitados en ese informe), tras la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género (el de hombres se incrementó mucho más, eso sí: un 70,68%).
En enlace facilitado como fuente en el informe de Fed.Gen nos lleva a esta página con las estadísticas de suicidios en España desde 1998 hasta 2006; los datos desde 2007 hasta 2010 los encontraremos en el enlace relacionado “Defunciones según la causa de la muerte“, debajo de “Resultados” y de “Metodología“.
Podríamos buscar alguna razón que explicase también el alarmante incremento de suicidios entre las mujeres, y seguro que encontraríamos alguna posible causa, como por ejemplo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis que empezó a notarse ya los últimos meses de 2006; pero la razón es mucho más simple que eso. Y mucho más escandalosa.
Pero antes de destapar las miserias de Fed.Gen por completo, vamos a destaparles algunas vergüenzas: en realidad, el incremento de suicidios entre 2006 y 2007 sería mucho mayor si quien ha trasladado los datos del INE a la tabla del informe se hubiese leído los encabezados que acompañan a los datos. El o la lumbreras trasladó al informe el número de suicidios consumados, pero también incorporó los suicidios en grado de tentativa (es decir, los no consumados); así pues, no fueron 1.480 hombres y 537 mujeres los que se suicidaron en 2006, sino 1.388 varones y 418 mujeres (el resto lo intentaron, pero no murieron), por lo que el incremento de suicidios entre 2006 y 2007 sería (tomando en serio los datos de ese informe) del 81,99% en el caso de los hombres y del 76,32% en el caso de las mujeres. Algo muy grave tuvo que ocurrir en España que explique estos datos. ¿Será, como afirma Fed.Gen, la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género la causante del incremento de suicidios en España en un 80% entre 2006 y 2007?
Estadística de suicidios en 2006 según la metodología anterior a 2007; los datos que se facilitaban al INE según esta metodología no incluían algunos suicidios porque los juzgados no debían incluir el motivo principal de la muerte, sino sólo la causa de la misma. Así pues, si en un suicidio se remitía como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico, la muerte no se contabilizaba como suicidio; a partir de 2007, los juzgados están obligados a facilitar la circunstancia que motivó la muerte, y de ahí que los datos con la metodología antigua no puedan compararse con los datos de la nueva metodología.

Si seguimos el enlace de «Defunciones según la causa de muerte» acabaremos encontrándonos con otros datos distintos referidos también a 2006:

¡Sorpresa! Los suicidios en 2007 se incrementaron un 0,55% en los varones y un 0,41% en las mujeres si tomamos los datos de la nueva metodología para 2006.
¿2.512 hombres suicidados en 2006? ¿Sólo 14 menos que en 2007? ¿Sólo un 0,55% más tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género? ¿Pero no eran 1.480 en 2006 y 2.526 en 2007? ¿No había 1.000 suicidios más entre los hombres por culpa de la Ley Integral contra la Violencia de Género? «¡Ya han manipulado los datos en el INE para ocultar la incidencia de suicidios provocados por las leyes de género!» Esta sería la respuesta más lógica de cualquier conspiracionista. Pero veamos la metodología utilizada antes de 2007 y la utilizada a partir de ese año (en el INE son tan tontos que incluso explican cómo “manipulan” los datos):
El texto (clic para ampliar) dice «Hasta el 31 de diciembre de 2006, la fuente primaria para su elaboración era la información facilitada por los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, cumplimentando con periodicidad trimestral un boletín por cada supuesto. A partir de 1 de enero de 2007, y siguiendo los estándares internacionales en la materia, ha empezado a utilizarse como fuente de información la misma que sirve para la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte mediante la cumplimentación por los órganos judiciales de un cuestionario que consta de dos partes: la primera, de finalidad administrativa, constituye la orden de inscripción de la defunción en el Registro Civil y, la segunda, de finalidad exclusivamente estadística que recoge entre otras variables la causa de la muerte».

Un escandaloso ejercicio de manipulación de datos estadísticos, puesto que la nueva metodología está disponible también para los años 1999 a 2006, igual que lo está para el período 2007-2010 (es decir, desde 1999 hasta 2010), y además en el mismo cuadro desplegable, por lo que la única excusa absolutoria posible (la inexistencia de una serie homogénea con la que poder comparar los datos) queda completamente anulada. Así pues, sólo cabe concluir que tomar los datos antiguos desde 1998 a 2006 y los nuevos a partir de 2007, rompiendo torticera y conscientemente la homogeneidad de la serie en 2006 (recordemos: porque se utilizaba otra metodología en la recopilación de datos que no permitía registrar como suicidios todos los suicidios), no es más que una burda manipulación destinada a corroborar  la premisa que a priori se quería corroborar: que la Ley Integral contra la Violencia de Género causa, desde su aprobación en 2006, 1.000 muertes al año entre los hombres.

Y aún nos queda una última cuestión, aireada también por Toni Cantó: que el 70% de los hombres que se suicidan están en proceso de separación. Veamos cómo lo cita el informe de Fed-Gen.
Y ahora veamos los criterios por los que se pueden buscar los datos del INE (supuesta fuente que corroboraría ese 70% de hombres en período de separación) referidos a los suicidios.
En los datos de suicidios del INE ni tan siquiera puede consultarse el estado civil de los suicidas, pero Fed.Gen afirma sin ruborizarse lo más mínimo que ese dato lo facilita el INE. ¿Mentira? Seguramente. ¿Y cómo toman un dato incontrastable? Es incluso posible que ellos sí lo crean contrastado: el incremento de suicidios entre 2006 y 2007 en varones según sus tablas manipuladas es del 70%. Por lo tanto, ese 70% más de hombres han de ser los afectados directamente por las leyes de protección a su pareja: todos ellos, posiblemente (no queda otra), debían estar inmersos en algún proceso de separación. Una simple relación causa-efecto.
Así funciona esto.
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Una nueva conspiración: el "feminazismo" (I)

Tenía este artículo “en el congelador” porque pensaba que era un conspiracionismo muy minoritario, pero Toni Cantó (en la línea de apuntarse a cualquier conspiracionismo que ha seguido desde su fundación UPyD, con Rosa Díez chupando columnas por el 11-M en El Mundo cada vez se veía necesitada de un poco de publicidad gratuita), todo un Diputado y representante de varios miles de españoles, ha considerado de interés público apoyar las nuevas teorías del “feminazismo” exterminador de varones. Así que lo saco del congelador tal cual lo dejé; ahí va la primera parte.
Esta entrada no pretende menospreciar el sufrimiento al que se hayan visto abocados quienes hayan sufrido falsas acusaciones o penas injustas en base a la actual legislación sobre violencia de género, ni minusvalorar los abusos que determinadas personas hacen de esta normativa; más bien al contrario, pretende frenar a quienes, por despecho o sed de venganza personal, se ven tentados de abrazar teorías que pretenden combatir la exageración o falseamiento de datos con la misma medicina. Combatir a personas individuales desalmadas y sin escrúpulos mediante la extensión generalizada de esa maldad hacia una heterogeneidad de individuos sólo es posible mediante la manipulación interesada de datos y una obstinada negación de la realidad, que es lo que da lugar a las teorías conspirativas más absurdas y ridículas. Hecha esta primera aclaración, entremos en materia, que no es poca.
Se ha extendido por algunas bitácoras (y se sigue extendiendo por foros y redes sociales) una nueva teoría de la conspiración: el “feminazismo” amenaza con la extinción y el aniquilamiento (civil e incluso físico) del varón.
El texto principal sobre el que se han ido desarrollando otros textos fue elaborado por un tal Carlos Caldito Aunión cuando éste era Secretario de Organización de la Federación de Asociaciones por la Custodia Compartida; la primera aparición del texto se remonta al 29 de Abril de 2005, en un comentario (el único) a una carta publicada en la web de 20 minutos el día anterior.
El principal problema que nos podemos encontrar para combatir este conspiracionismo es que sus defensores suelen ser personas que han sufrido en sus propias carnes, directa o indirectamente, la pérdida de la custodia de un hijo o una condena por maltrato, por lo que la visceralidad es extrema y el debate es prácticamente imposible; se hace imprescindible, por lo tanto, hacer entender al conspiracionista (tarea harto difícil) que utilizando argumentos y datos falseados no se puede llegar a entender su postura, por muy legítima que sea. De hecho, el uso de insultos, falsedades y obstinaciones irracionales para argumentar su postura desemboca en última instancia en su ilegitimidad argumental e incluso en un rechazo personal, haciendo que sus argumentos acaben siendo de escasa o nula relevancia para mostrar o demostrar los casos concretos (que sí existen, tanto en forma de denuncias falsas como en forma de sentencias injustas) en los que la protección de la mujer se convierte en un abuso hacia el varón y sus derechos fundamentales.
En algunos casos nos encontraremos incluso con individuos aparentemente desequilibrados, hasta tal punto que no son capaces de aceptar que sus falsos argumentos puedan herir a muchas personas a las que los malos tratos les han destrozado completamente la vida, o incluso que hayan podido perder a algún ser querido a manos de un maltratador, puesto que, en última instancia, el discurso irracional de este conspiracionismo les lleva irremisiblemente (ya que lo contrario supondría tener que aceptar la necesidad de la discriminación positiva) al negacionismo absoluto respecto a la discriminación histórica (y, por supuesto, actual) de la mujer.
Así, lo que en un principio era un texto que exponía determinados excesos en la aplicación de la discriminación positiva hacia la mujer en lo referente, sobre todo, a la custodia compartida, ha acabado deviniendo en una obsesión paranoide respecto a cualquier iniciativa de apoyo hacia la mujer, considerándose siempre y en todo caso que esas iniciativas son una nueva triquiñuela del gran poder establecido en línea con la persecución inmisericorde hacia el varón.
Para llegar a esta disparatada conclusión deben darse dos premisas, aceptadas como verdades absolutas por estos conspiracionistas:
  1. Todos los datos referentes a maltratos, discriminación laboral, discriminación social, etc. son falsos.
  2. En consecuencia, no existe la presunta desigualdad que se pretende corregir con las políticas de género.
Obviamente, la conclusión a la que se llega es que si no hay desigualdad que corregir, lo que existe es una campaña interesada y perfectamente orquestada para beneficiar a la mujer y perjudicar al varón a través de políticas de desigualdad.
Como toda gran conspiración que se precie, los dos dogmas expuestos se retroalimentan entre sí, de forma que cualquier dato malinterpretado o directamente tergiversado (como las diferencias en los ingresos laborales) sirve para demostrar que no existe desigualdad y, a su vez, cualquier dato que muestre una igualdad de género (como el acceso a la educación) sirve para demostrar que los datos que dicen lo contrario (como los referentes a la discriminación laboral) son falsos.
El conspiracionismo no puede ser atacado desde la generalidad, puesto que ante una exposición de mero sentido común (por muy de sentido común que sea), la respuesta suele ser una retahíla de datos extraídos tal cual de sus fuentes dogmáticas; no existe otra forma de combatirlo, por lo tanto, que la puesta de manifiesto de la validez de los datos que ellos consideran falsos y de la falsedad de los datos que ellos consideran dogmas inquebrantables.
Empecemos:

«1.- La denominada “perspectiva o teoría de género” trata de malversar el lenguaje social de izquierdas en el que la violencia es consecuencia de la desigual repartición de las riquezas, por otro en el que la violencia es consecuencia de la diferencia entre hombres y mujeres por razón del sexo. Se obvia así la mala conciencia de constatar que existe una mayor diferencia entre una mujer rica y una mujer pobre que entre sexos contrarios.»

Este primer punto trata de llevar hacia opciones progresistas un discurso puramente negacionista: no existe desigualdad de género por cuanto existe mayor desigualdad económica de clase que de género. Se trata de intentar demostrar que el poder establecido está intentando desviar el discurso progresista desde cuestiones económicas de clase (que es el que debería primar) a cuestiones económicas exclusivamente de género; obviamente, pueden existir y coexistir ambos discursos, primero porque no son incompatibles y segundo porque la existencia de uno no anula la existencia del otro (es decir, existen los dos problemas, y ambos deben ser abordados). De hecho, la existencia de ambos problemas, desde la perspectiva «social de izquierdas», no significa más que la necesidad de abordar con mayor ímpetu las políticas destinadas a que las personas afectadas por ambas desigualdades (la de clases y la de género) permitan superar ambas discriminaciones.

«2.- La “perspectiva de género” utiliza conceptos “biológicos” para explicar y justificar las diferencias conductuales entre los seres humanos, argumentos al fin y al cabo del mismo tipo que la raza o el color de la piel… La “ideología de género” no contempla la violencia como un fenómeno global en que también los varones son víctimas del sistema: guerras, trabajos peligrosos, situaciones de especial vulnerabilidad…»

Aunque de una forma un tanto enrevesada, lo que se viene a decir en la primera parte de este punto es que el feminismo es una especie de nuevo nacionalsocialismo en el cual los arios son las mujeres y los judíos serían los varones (se intenta arrimar el ascua hacia todo aquel que no se considere racista); no se especifica qué conceptos biológicos son los que devendrían en una aplicación nacionalsocialista de la diferencia entre géneros, aunque curiosamente esos conceptos biológicos también son utilizados profusamente por el propio conspiracionismo en otros textos emanantes de este primero (como éste, publicado inicialmente en todopolitica.com el 07/09/2009 –esa Web está actualmente fuera de servicio, por lo que se enlaza el texto a la Web de la Asociación Gallega de Padres y Madres Separados, que lo recoge íntegramente, al igual que un gran compendio del argumentario de este conspiracionismo–):

«Numerosos estudios, demuestran que cerebro y sistema endocrino de hombres y mujeres son innatamente diferentes.»

En la segunda parte se introduce una especie de sesgo (muy presente en toda la exposición conspiracionista) según el cual se omiten por sistema los agravios comparativos relativos a la violencia soportada mayoritariamente por el varón, obviando por completo la discriminación hacia la mujer en casi todas las actividades enumeradas (a la mujer no se le permite el acceso al ejército en muchos países –y hasta 1988 ni tan siquiera en España–, por lo que difícilmente pueden ser víctimas de la guerra como parte integrante del propio ejército; asimismo, el acceso a trabajos peligrosos también ha estado hasta fechas muy recientes –y sigue estándolo en muchos países– prohibido para la mujer, como es el caso de la minería extractiva, donde no se admitió a una mujer hasta 1993, tras una Sentencia del Tribunal Constitucional).

«3.- Quienes se manifiestan partidarios de la “teoría de género” se oponen radicalmente a la Custodia Compartida de los hijos tras los procesos de separación y divorcio, aún sabiendo que no hay apenas nadie que se oponga a ella, es más, los diversos estudios científicos demuestran que es la mejor solución para el bienestar del menor; como también saben del buen resultado que las leyes que sobre Custodia Compartida están dando en los países de nuestro entorno cultural: Francia, Bélgica, Países Nórdicos, E.E.U.U. Canadá…»

Se trata de dar a entender en este punto que quienes se oponen a la custodia compartida (puesto que este era el tema principal del texto inicialmente) son radicales («se oponen radicalmente»), son una minoría («no hay apenas nadie que se oponga a ella [a la custodia compartida]») y, además, están empecinados en no querer avanzar en el mismo sentido que los países de nuestro entorno («saben del buen resultado que las leyes sobre custodia compartida están dando en los países de nuestro entorno»). Y para determinar quiénes se comportan así, se establece que son los partidarios de la “teoría de género”, es decir, todos aquéllos que otorgan validez, en mayor o menor medida, a las políticas de discriminación positiva hacia la mujer.

«4.- El feminismo de género considera a los hijos como un bien privativo de las mujeres, uniendo su ideología a las más reaccionarias ideologías totalitarias.»

Lo cierto es que hasta hace bien poco (en Inglaterra o en Estados Unidos hasta 1980 y en Francia hasta 1970), el hijo era propiedad del padre y los gobiernos de esos países no se consideraban totalitarios; ahora bien, la atribución que hace el autor del caso contrario (el hijo es propiedad de la madre) al «feminismo de género» no es más que una forma más de abarcar a todo el feminismo como una corriente perversa y totalitaria a eliminar (¿o es que acaso el feminismo se puede referir a otra cosa distinta al género?).

«5.- El fascio-feminismo, el “feminismo de la diferencia” tergiversa las estadísticas sobre hombres y mujeres y oculta datos a la opinión pública, cuando los mismos cuestionan la falacia totalitaria de que el hombre es el agresor por excelencia y no la clase social dominante (hombres y mujeres) frente a las clases sociales (hombres y mujeres) económicamente más débiles.

Ejemplos:

-Se oculta que hay un mayor número de lapidaciones de hombres por motivo de adulterio que de mujeres muertas por el mismo procedimiento en algunos países islámicos (Nigeria), la ablación de penes en niños (Etiopía), mayor número de niños soldados, mayor número de hombre muertos en las guerras, violaciones a varones por parte de mujeres soldados, etc.

-Se manipulan los datos salariales de las mujeres, etc.

-Se ocultan los datos de hombres muertos asesinados por mujeres.

-Se ocultan los datos de hombres maltratados, psicológica y también físicamente, por mujeres.

-Se ocultan los suicidios de hombres con la vida destrozada por las presiones judiciales, fruto de leyes sexistas discriminatorias, que les dejan desposeídos de toda posibilidad de defensa ante denuncias falsas de maltrato y favorecen su expolio económico, e incluso su encarcelamiento siendo inocentes.»

Tras los cuatro primeros puntos de la teoría general que guía a este conspiracionismo, entramos de lleno en la primera retahíla de datos concretos que demostrarían la falsedad o manipulación de los datos que nos muestra el poder establecido; no obstante, se insiste de nuevo (por si no hubiese quedado claro en el primer punto) en afirmar que el discurso real de la izquierda (opuesta al fascio) no puede versar sobre el género, sino sobre la lucha de clases, como si ambos discursos fuesen incompatibles.
El autor aporta como primer dato que el número de lapidaciones de hombres por motivo de adulterio es mayor que el de mujeres en Nigeria; no aporta ningún dato concreto sobre cuántos hombres más que mujeres han muerto en ese país lapidados, así que tampoco vamos a dudar que sea cierto. No obstante, hay un dato que se obvia en dicho alegato: la sharia (que es una interpretación libre del Corán, distinta en cada país, plasmada en una ley) no formó parte del ordenamiento jurídico nigeriano hasta 1999. Ni tan siquiera forma parte del ordenamiento jurídico de todo el país, puesto que solo se aplica en 12 de los 36 estados que forman Nigeria (todos en el norte); hasta su entrada en vigor, cada etnia (existen más de 250 etnias distintas en ese país) se regía por sus propias costumbres. Pues bien, los varones acusados de adulterio pueden librarse de la lapidación, según la sharia nigeriana, jurando encima del Corán, mientras que las mujeres necesitan el testimonio de al menos cuatro varones (no sirve el testimonio de otra mujer) que ratifiquen su versión; la pregunta se hace imprescindible: ¿por qué hay tantos varones nigerianos que aceptan la ejecución por lapidación si un simple juramento sobre el Corán les evitaría la muerte? La respuesta es fácil: la lapidación de los hombres es una cuestión religiosa (se acusa de adulterio a quienes siguen costumbres contrarias a las musulmanas), no de género. Simplemente con haber cambiado Nigeria por Irán se hubiese ahorrado el autor quedar en evidencia ante el absoluto desconocimiento de los datos que aportaba.
El segundo dato (la ablación de penes en Etiopía) es simplemente ignorancia supina: en Etiopía se circuncida el prepucio (nunca el pene) a los niños (es una cuestión generalizada entre los países musulmanes) y a los hombres mayores de 60 años (en la tribu konso). Lo más aproximado a una ablación de pene se da en otra tribu etíope (los janjero, un subgrupo de los sidamo), en la cual se extirpa un testículo para evitar tener gemelos por considerarse que éstos traen mala suerte.
Es obvio que la circuncisión del prepucio o incluso la extirpación de un testículo no están destinadas a eliminar el placer sexual del varón, sino a supersticiones de carácter religioso; sólo en el caso de la ablación femenina se trata de una operación destinada a eliminar el placer sexual de la mujer.
El tercer y cuarto datos (los niños soldado y los varones muertos en guerras) ya se habían introducido en el punto 2, por lo que no cabe más que repetir lo ya dicho: resulta materialmente imposible que existan niñas soldado o mujeres soldado muertas en una guerra si a las mujeres no se les permite formar parte del ejército.
En lo referente a las violaciones a varones por parte de mujeres soldado, poco puedo decir, porque no he encontrado ni un solo caso documentado; tal vez el autor tenga acceso a datos desconocidos para mí.
De todas formas, volvemos de nuevo a esa extraña forma de razonar de los conspiracionismos: las fascio-feministas hablan de las lapidaciones de mujeres y no de las de hombres; por lo tanto, las fascio-feministas quieren ocultar las lapidaciones de varones. Es decir, que los antitaurinos quieren ocultar las peleas de gallos porque sólo hablan del maltrato a los toros; la lógica conspiracionista en estado puro.
En cuanto a la manipulación de los datos salariales de las mujeres, se trata de uno de los temas estrella de estos conspiracionistas; al ser un tema vital para defender su argumentario, se aportan más datos. Y cuantos más datos, más fácil resulta detectar sus errores, que son muchos; veamos una ampliación de esos datos supuestamente manipulados (extraídos de este texto, ya enlazado anteriormente):

«1. La mujer española está discriminada laboralmente: gana menos y ocupa cargos de menor responsabilidad.

Mentira.

Lo que nunca nos han querido contar es que:

La mujer trabaja de promedio 35 horas a la semana, y el hombre 42.

La mujer es mucho menos emprendedora que el hombre. Entre la población activa femenina, tan sólo el 3% son empresarias con trabajadores, frente al 7% de empresarios con trabajadores entre la población activa masculina.

La mujer elige oficios y carreras peor pagados. Por ejemplo en las carreras técnicas, mejor remuneradas que las de letras, la presencia femenina apenas supera el 30%.

El hombre se distribuye sectorialmente, sin embargo, el 87% de mujeres trabajadoras se concentra en el sector Servicios. No es de sorprender, que el 90% de accidentes laborales los padezca el hombre.

Según el estudio realizado en España y el Reino Unido por la prestigiosa socióloga británica Catherine Hakim, el 20% de mujeres trabajadoras prefiere volcarse en el trabajo, otro 20% en la familia, y el 60% restante prefiere compaginar familia y trabajo. En cuanto al hombre, el 50% se vuelca en el trabajo, y el otro 50% prefiere compaginar familia y trabajo.

Voceros del feminismo de género, sostienen que la mujer gana menos por hora por exactamente el mismo trabajo. Esto no es cierto, y además fue desmentido en su día por el ministro de Trabajo (El País, 12/03/2006) y el secretario general de CCOO (Los Desayunos de TVE, 10/10/2007). Si esto fuera cierto, las empresas contratarían mujeres antes que hombres, cosa que no ocurre.»

Empecemos por el final. Ya resultaría extraño que parte de la gran conspiración (ya veremos más adelante la multitud de individuos y organizaciones que participan de una u otra forma en esta gran persecución contra el varón) se dedicara a negarse a sí misma, pero todo podría ser; veamos lo que dijo el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el domingo 5 de marzo de 2006, puesto que la referencia a El País del día 12 corresponde a la sección del Defensor del Lector, que cita la entrevista del domingo anterior:

«Pregunta. Los hombres ganan de media en España un 40% más que las mujeres. ¿Qué hace esta ley para superar esta brecha?

Respuesta. En un tiempo prudencial se debe corregir esa disfunción tan abultada. La diferencia se debe más a los puestos que ocupan el hombre y la mujer, que a que haya sueldos distintos para un mismo trabajo. Por el mismo trabajo, hombres y mujeres perciben el mismo salario, el problema radica en que los hombres ocupan los puestos mejor pagados y de mayor responsabilidad.»

Aunque no existe acceso al programa Los Desayunos de TVE del 10 de octubre de 2007, podemos suponer que lo dicho por el Secretario General de Comisiones Obreras debió ser similar a lo dicho por el Ministro de Trabajo, ambos parte de la gran conspiración. El día 12, la frase que se extrae de la entrevista del domingo anterior es la última; sin embargo, dicha frase forma parte de toda la respuesta, en la que previamente el Ministro de Trabajo establece (se resalta en negrita) al menos dos causas que crean ese 40% de media que cobran de más los hombres. Eso es exactamente lo que establecen los innumerables trabajos científicos que se han realizado al respecto: que esa diferencia de sueldo proviene de varias causas, y no todas ellas constituyen discriminación directa por razón de sexo. Estos estudios (entre ellos éste de la Revista de Economía Aplicada nº 48 o incluso éste del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, ejemplo de estudio independiente blandido habitualmente por estos conspiracionistas) utilizan como referencia el salario por hora trabajada, por lo que las horas que trabajen las mujeres o los hombres (primer argumento sobre lo que «nunca nos han querido contar») no tienen relevancia alguna en los resultados.
Asimismo, estos estudios no incluyen las remuneraciones de profesionales (autónomos u otro tipo de emprendedores), sino sólo los importes percibidos por los asalariados, por lo que tampoco tienen relevancia alguna los porcentajes de hombres y mujeres emprendedores (segundo argumento sobre lo que «nunca nos han querido contar»).
La segregación en establecimientos (que son el tercer y el cuarto argumentos sobre lo que «nunca nos han querido contar») es uno de los filtros establecidos por este tipo de estudios; efectivamente, se trata del principal factor que incide en las diferencias salariales entre hombres y mujeres, puesto que las mujeres se decantan hacia sectores o trabajos peor remunerados. Aunque desde diciembre de 1992 (cuando se declaró inconstitucional –por discriminatorio– el Decreto de 26 de Julio de 1957 si se entendía que las prohibiciones contenidas en él respecto a las mujeres eran absolutas) no existen trabas legales a la contratación de mujeres en cualquier puesto de trabajo, no puede obviarse que hasta esa fecha la mujer tenía prohibido por ley acceder a un significativo número de sectores, por lo que se arrastra un considerable déficit en cuanto al acceso a estas profesiones; así, el artículo primero de aquel Decreto (no derogado explícitamente hasta la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 1995), decía que quedaba prohibido «a las mujeres, cualquiera que sea su edad»:

«a) El trabajo en las actividades e industrias que se comprenden en la relación primera unida al presente Decreto.

b) El engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos en marcha que resulten de naturaleza peligrosa.

c) El manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, taladros mecánicos y, en general, cualquier máquina que por las operaciones que realice, las herramientas o útiles empleados o las excesivas velocidades de trabajo represente un marcado peligro de accidentes, salvo que éste se evite totalmente mediante los oportunos dispositivos de seguridad.

d) Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el terreno o el suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, plataformas de servicio u otros análogos, que se hallen debidamente protegidos.

e) Todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos trabajadores por implicar excesivo esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales.

f) El trabajo de transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior al necesario para mover en rasante de nivel los pesos (incluido el del vehículo) que se citan a continuación y en las condiciones que se expresan [se incluye una tabla en la que se especifica los pesos máximos para mujeres y para niños].

Corresponde a las respectivas Inspecciones Provinciales de Trabajo determinar en cada caso particular la medida en que deben aplicarse los apartados b), c), d) y e) de este artículo.»

A ese artículo del Decreto se le une el anexo citado en el apartado a), en el cual figuraban los trabajos a los que no podía acceder la mujer por «el alto concepto que en general al español merece la mujer y la atención que de manera especial debe ser puesta en evitar que un trabajo nocivo pueda perjudicar su naturaleza» (según consta en el preámbulo de dicho Decreto), entre los cuales figuran el cuidado de las reses bravas, los aserraderos de troncos, los trabajos de excavación, los trabajos en minas o canteras, los trabajos en andamios o subterráneos, los trabajos en empresas eléctricas…
De ahí que el tercer y el cuarto argumentos esgrimidos sobre lo que «nunca nos han querido contar» sean completamente falaces, puesto que esa segregación en sectores se ha establecido históricamente de forma obligatoria para las mujeres; obviamente, la falacia en el dato del mayor número de accidentes laborales entre los varones tiene esta misma procedencia.
No sabemos a qué estudio se refiere la cita sobre la socióloga británica Catherine Hakim (quinto argumento sobre lo que «nunca nos han querido contar»), aunque podemos hacernos una idea consultando su estudio Feminist Myths and Magic Medicine, publicado en enero del año pasado; resulta curioso que la manipulación de datos del “feminazismo” a la que se refieren los conspiracionistas les haya pasado completamente desapercibida en los estudios de esta socióloga, que elimina de las estadísticas sobre diferencias de salarios aquéllos empleos que son a tiempo parcial, porque incrementan la distancia entre lo que cobran los hombres y lo que cobran las mujeres en Inglaterra (y la autora pretendía demostrar lo contrario, claro, así que mejor eliminar esos datos para cuadrar la ecuación):

«The pay gap is normally measured as the difference in average gross hourly earnings for full-time workers. In the UK, the pay gap on this basis is variously reported as 16% or else 10% currently, depending on whether mean or median earnings data are used. However the European Commission regularly publishes league tables using average gross hourly earnings for all employees, whether full-time or part-time. This inflates the pay gap in countries with a large part-time workforce, such as the UK.»

Curiosa forma de quitarse de encima los datos que demuestran lo contrario de lo que esta socióloga quiere transmitir: que las políticas de igualdad de los países nórdicos han obtenido los mismos resultados que las políticas de igualdad del Reino Unido. Es lo que ocurre cuando se quiere demostrar que la realidad no es real: que se tienen que hacer trampas, y que las trampas siempre acaban por descubrirse.
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Corrupción, pobreza y conflictividad social

España está que trina con (¿o contra?) la corrupción, pero no nos engañemos: aquí siempre nos hemos quejado por todo y de todos y nunca ha pasado nada o casi nada salvo en contadas excepciones (e incluso en esas excepciones los resultados han sido muy limitados). Siempre hemos preferido dedicarnos a nuestros vicios y dejar que los de arriba (siempre hay alguien que sube arriba) se las apañen para arreglar o empeorar lo que van destrozando los que les preceden; eso sí, a los de arriba hay que criticarlos siempre, sean del color que sean, porque aquí no somos de derechas ni de izquierdas: sólo queremos que las cosas se hagan bien (o, mejor dicho, que las hagan bien) y a nuestro gusto. Y si no, a criticar, que de eso sabemos mucho; pero pasar de ahí ya… que se las apañen los de arriba, o que los cambien si no valen.

Cuando los franceses se hartaron sacaron las guillotinas a las plazas y acabaron con todo un régimen; aquí salieron algunos asturianos armados en 1934 y los demás, mientras decidían si salir o no salir de las acaloradas tertulias de las tabernas, vieron cómo se las apañaban los de arriba para meter a los asturianos en la cárcel. Así que a criticar otra vez: los unos a los represores de arriba y los otros a los inútiles que querían subir.

Pero para no faltar a la verdad, a los asturianos les acompañaron en 1934 otros españoles; pero a estos españoles los consideramos españoles raros: los catalanes, a quienes siempre les atribuimos el egoísmo como motor que mueve sus almas. Las guerras carlistas fueron catalanas y vascas; cuando España perdió Cuba la rebelión interna fue catalana; y fueron los catalanes quienes declararon su independencia en la pobre II República heredera de la Gran Depresión. Siempre los egoístas catalanes dando la nota en esta España de críticas tabernarias a diestro y siniestro. Y los vascos, claro, los otros españoles raros, capaces incluso de armarse hasta los dientes para rebelarse contra el opresor.
Así pues, los catalanes son unos egoístas y nosotros unos cobardes; aunque algunos dirán que lo que nos caracteriza a los españoles es nuestra responsabilidad cívica por restringir nuestro malestar a nuestra más recóndita intimidad (y, consecuentemente, lo que caracteriza a los egoístas catalanes y vascos es la irresponsabilidad por hacer público su malestar). Para gustos e interpretaciones, los colores, por supuesto.
Volviendo a nuestros tiempos, la corrupción (la de los de arriba: por abajo también hay corrupción, pero de esa corrupción no se vive: se sobrevive -y se acepta socialmente-) está acelerando la conflictividad social; de esto no cabe ninguna duda. Muchos ciudadanos se están organizando por la indignación que les provocan las maneras de gobernar de los de arriba; se están empezando a rebelar. Pero, de nuevo, no podemos equivocarnos tampoco en esto: esas maneras de gobernar, esa corrupción, ha estado siempre ahí. Y era fuente de acaloradas tertulias tabernarias, y de dudas sobre si salir de la taberna o no; pero para eso estaban ahí los de arriba, para arreglar las cosas y darnos un trabajo, así que para qué salir si ahí afuera hace frío. Pero ahora hay algo más.
La II República no llegó por obra y arte de birlibirloque; ni tampoco la dictadura que la precedió. España era un país pobre; muy pobre. La pobreza, junto a los casos de corrupción de los de arriba, crea inestabilidad social, y ésta se solventa con mano dura; pero la mano dura de Primo de Rivera no evitó los efectos de la Gran Depresión, y la pobreza siguió incrementándose. Aquello no lo solucionaban ni la dictadura ni la dictablanda. Y la República llegó sin grandes baños de sangre y con muchas esperanzas. Y cambió el régimen, pero no la pobreza: no todos estaban dispuestos a “repartir la pobreza“, así que lo que se avanzaba en dos años se retrocedía los otros dos. Y algunos españoles se indignaron, se rebelaron de nuevo; pero la inmensa mayoría (la mayoría silenciosa, como hoy) seguía discutiendo en las tabernas. Casi ni se enteraron de que desde África venían a salvar España otra vez con mano dura; y cuando se dieron cuenta de que aquellos salvadores uniformados iban en serio ya fue demasiado tarde.
Hoy, la pobreza sigue avanzando en España; y el futuro no es muy halagüeño. La corrupción está instalada en todas las instituciones del Estado. Y la indignación que provoca la corrupción en un país pobre es lo que rebela a los ciudadanos, lo que les hace salir de las tabernas: dicen que no hay pan para todos, pero los que sí tienen pan lo tiran a la basura, lo reparten entre las palomas o incluso enferman por indigestión. Sí hay pan; pero aun hoy siguen sin querer “repartir la pobreza“.
Pasar de ser pobre a ser aun más pobre debió indignar a la España de los años 20-30 del siglo pasado; la debió indignar mucho porque los de abajo se rebelaron contra los de arriba y crearon una creciente conflictividad social, hasta que los de arriba dijeron basta y echaron mano de la mano dura.
En esta España del siglo XXI no hemos pasado de pobres a más pobres; aquí hemos pasado de acomodados a pobres (y aun nos quedan escalones por bajar). La cuestión es saber hasta qué punto de pobreza nos podremos permitir seguir con las tertulias tabernarias mientras miramos el frío invierno que hay tras la puerta; ya no es una cuestión de salir o no salir, sino de cuándo va a llegar el momento en que esta España de corrupciones y miserias saque las guillotinas a las plazas, si lo haremos todos a la vez como los franceses o si la inmensa mayoría silenciosa, como suele pasar en este país, nos mantendremos refugiados en las tabernas mirando hacia arriba y criticando si la guillotina debería estar mirando hacia el este o hacia el oeste.
Otra vez, los egoístas catalanes han dado el primer puñetazo sobre la mesa: los de arriba, arrastrados por los de abajo, se han rebelado. No se sabe muy bien si para construir otra taberna (las malas costumbres se pegan y el futuro no lo sabe nadie) o para salir al frío invierno; y ahora le toca el turno a la mano dura. Falta por saber si nos quedaremos mirando el espectáculo, aplazando el momento de salir hasta que llegue el calor de un verano que nadie sabe cuándo llegará (ni si llegará). Y me temo que sí: volveremos a darnos cuenta de la oportunidad perdida cuando ya sea demasiado tarde. Otra vez.
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Propostes per al Fòrum contra la corrupción del PSPV-PSOE

Vaig rebre la setmana passada una invitació del PSPV-PSOE per a participar en un Fòrum contra la corrupció i per la transparència que s’ha de celebrar a València del 6 al 9 d’este mes; com que a mi m’és impossible anar en eixos horaris intempestius, però sí que m’agradaria aportar algunes propostes al debat, els les he enviades per correu electrònic. Ja vos contaré què em diuen (si em diuen alguna cosa, clar). Allà van les propostes contra la corrupció que els he enviat:

  1. Problema: Els ciutadans es veuen impotents i acaben indignant-se davant els escassos resultats de la persecució de la corrupció (pactes a última hora per a evitar sentències judicials condemnatòries o per a aconseguir rebaixes en les responsabilitats pecuniàries, prescripció dels delictes, persecució i desprotecció dels denunciants o dels propis jutges que persegueixen estos delictes, entrebancs continus als processos judicials gràcies a la contractació dels millors advocats –i per a major escarni dels ciutadans i de la justícia, contractats gràcies als recursos provinents de la pròpia corrupció–, etc.).
    1. Solució: A tots els delictes de corrupció política, sense excepció, caldria prohibir qualsevol pacte pre o extra judicial: caldria determinar sempre la responsabilitat jurídica mitjançant sentència o arxiu judicial.
      1. Efecte no desitjable: Podria argumentar-se com a efecte contrari a esta mesura la saturació dels jutjats, però en realitat els pactes extrajudicials només es produeixen actualment en les parts finals dels processos (o quan acabe la instrucció judicial o quan el juí ja està en la seua part final i els corruptes intueixen la condemna), de manera que la càrrega als jutjats d’instrucció o als de primera instància no es veuria tan afectada com en un principi podria parèixer; a més, sent la corrupció un problema de primer ordre, la pitjor manera de solucionar-lo és excusant-se en la manca de recursos per a fer-li front (al contrari, caldria posar tots els recursos necessaris per a tallar-la des de l’arrel).
      2. Efecte no desitjable: Es podria argumentar també que allargar els processos (per les garanties processals inherents a la nostra justícia) és una de les argúcies dels corruptes amb més recursos per a què els ciutadans s’obliden, amb el transcurs del temps, del delicte comés; això és cert en part (el cas de finançament il·legal de CiU és un dels exemples més recents), però també és cert que eixe transcurs del temps facilita els pactes extrajudicials i, finalment, que el corrupte puga tindre beneficis jurídics dels quals no gaudeixen la resta de delinqüents.
    2. Solució: Els terminis de prescripció dels delictes de corrupció (tots, també sense excepció) haurien d’ampliar-se substancialment; el fet que molts polítics tinguen accés privilegiat als ressorts del poder fa encara més difícil no només que les investigacions judicials siguen àgils (pels entrebancs habituals entre poders que persegueixen distints objectius), sinó sobretot que puguen posar-se de manifest els fets delictius, pas sense el qual no és possible –excepte per casualitats– iniciar cap investigació. Açò no només hauria d’aplicar-se a l’àmbit estrictament penal, sinó que hauria de fer-se extensiu també als delictes fiscals. En este mateix sentit, tal i com s’exposarà en un altre punt, caldria plantejar-se obertament la possibilitat de fer imprescriptibles determinats casos en els quals podria parlar-se d’organitzacions criminals amb mera aparença política.
    3. Solució: Els jutges amb casos de corrupció política entre els seus assumptes haurien de gaudir d’una especial immunitat fins què els processos judicials determinen la responsabilitat penal dels encausats, bé sigue per sentència o per arxiu definitiu de cada cas; és a dir, que els jutges que estiguen investigant o hagen investigat un cas de corrupció no podran ser jutjats per eixes investigacions fins que no es dicte sentència condemnatòria (i en este cas s’hauria d’intentar que només es pogueren interposar denúncies per delictes lleus) o l’arxiu definitiu (en este cas sí que es podrien interposar contra el jutge les denúncies per qualsevol dels delictes que estan vigents avui). Tanmateix, d’eixa manera als corruptes els interessaria molt menys posar traves al transcurs de les investigacions i del propi juí.
      1. Efecte no desitjable: Els jutges gosarien d’un poder excessiu front als altres poders de l’Estat; és cert, però la situació actual és que el poder judicial té un clar dèficit de poder front a l’executiu, i ahi està l’únic condemnat pel major cas de corrupció política de la curta història de la nostra democràcia per a demostrar este dèficit de poder: el jutge que va investigar inicialment tota la trama no podrà tornar a investigar a més polítics corruptes, mentre cada dia es va sabent que eixa trama de corrupció política arribava a ben bé tots els racons del poder executiu.
      2. Efecte no desitjable: Els excessos del jutge no podrien ser denunciats en el moment de produir-se i generarien una clara indefensió en les persones jutjades en cas d’una actuació judicial il·legal; també és cert, però estem tractant un assumpte excepcional i, per tant, les mesures per a solucionar-lo haurien de ser també excepcionals. Per a contrarestar este efecte no desitjable, hauria de modificar-se també l’inici del termini de prescripció de les possibles actuacions delictives dels jutges, que començaria a comptar des del moment de dictar-se la sentència o l’arxiu definitiu de cada cas; a més, totes les actuacions judicials haurien de quedar registrades per mitjans fàcilment recuperables si es volguera interposar una denúncia contra el jutge, de manera que la inicial indefensió no poguera convertir-se en definitiva per absència de material probatori pel transcurs normal del temps.
  2. Problema: La corrupció política és un fenomen que s’ha convertit en recurrent; els innumerables casos de corrupció, que apareixen quasi tots els dies als mitjans de comunicació hauria de ser una prova suficient de què els interessos particulars (per altra banda, completament legítims) dels partits polítics (els interessos electorals) es posen quasi sempre per damunt de qualsevol altre interès; açò fa que els sistemes de control intern de la corrupció (que existeixen sobre el paper a quasi tots els partits) acaben per perdre operativitat i efectivitat, donant la sensació que la primera reacció és sempre mirar cap a un altre lloc, la segona reacció és sempre tirar balons fora i només com a últim recurs s’utilitzen eixos sistemes de control intern preexistents, de manera que un mateix cas de corrupció acabe per omplir durant mesos o durant anys les portades dels mitjans de comunicació i la sensació d’una corrupció generalitzada segueix augmentant en l’opinió pública.
    1. Solució: El conflicte d’interessos entre els partits polítics i la societat a la qual volen representar necessita una solució urgent i d’aplicació universal; cal establir per llei sistemes que faciliten que qualsevol càrrec polític imputat en un cas de corrupció pergue (primer temporal i després, si la sentència és condemnatòria, definitivament) la legitimitat atorgada per les urnes, independentment dels sistemes interns que puguen establir les pròpies organitzacions polítiques. Açò ha d’incloure necessàriament la pèrdua dels escons (siguen de l’administració que siguen), el cessament immediat de qualsevol càrrec públic i la prohibició de percebre qualsevol sou públic, directe o indirecte, durant el transcurs de les investigacions que determinen la seua responsabilitat.
      1. Efecte no desitjable: Es podrien crear casos falsos de corrupció per a desfer-se de determinats polítics, sobretot de cara a cada procés electoral; en realitat, açò ja es podria fer ara, però els partits polítics podrien (i de fet ho fan) argüir conceptes de l’àmbit penal (la presumpció d’innocència) per a mantindre dins l’àmbit polític als seus candidats imputats. Des d’un punt de vista de servei públic, allunyar temporalment a un imputat de la política no hauria de ser vist com un càstig per a un partit determinat, sinó com una garantia per a la societat que ha de ser administrada per eixe partit; fent-lo extensiu per llei a tots els partits polítics i a tots els polítics inclosos en una llista electoral, no hauria d’utilitzar-se este argument per a mantindre els actuals sistemes interns, que sí que s’han demostrat font de desigualtat entre partits a l’hora d’aplicar-los.
      2. Efecte no desitjable: El cost polític podria ser molt elevat per a partits amb poca capacitat de reclutament, doncs els polítics que destacaren a eixos podrien ser atacats per les forces amb més capacitat mediàtica amb acusacions aparentment sòlides que pogueren iniciar procediments judicials que tallarien per complet l’evolució política de molts candidats; també en este cas estem davant una qüestió que es pot dur a terme avui mateix. Tant en este punt com en l’anterior podrien establir-se, també per llei, càstigs penals majors per a les falses denúncies en l’àmbit de la corrupció, tot i que açò podria ser contraproduent a l’hora de denunciar comportaments corruptes, de manera que este contrapunt no pareix una bona opció.
    2. Solució: La política com a servei públic hauria de ser l’únic criteri a l’hora d’afrontar la corrupció política; cap polític pot considerar-se a sí mateix ni ser considerat per ningú imprescindible per a servir a la societat. Cal habilitar sistemes per a adequar la política a persones amb vocació de servei públic i facilitar l’expulsió del sistema democràtic de les persones que entenen que la política és el seu únic mitjà de vida; l’actual problema consisteix en què se dona per suposat que qualsevol persona que està en política ho està per vocació i no per interessos, però la societat no té eixa percepció, entre altres coses pels propis efectes de la corrupció. Tot el sistema electoral hauria de reformular-se per a què l’especial protecció que s’atorgue als càrrecs polítics front a la justícia o front a altres maneres de fiscalització siguen una excepció, i no una generalitat com en l’actualitat, o si més no, almenys habilitar sistemes per a retirar l’actual protecció quan a un polític se’l investigue per delictes de corrupció.
  3. Problema: L’actual sistema electoral i de partits polítics fa que estes organitzacions funcionen d’una manera molt poc transparent de cara a la societat; molts partits s’han obert en certa mesura, però encara amb moltes limitacions, en part degudes a la necessària privacitat de les estratègies electorals de caràcter intern. Estes estratègies electorals són actualment (o almenys així ho pareix) una adaptació que fa cada partit en funció de cada candidat en particular, de manera que la caiguda d’un candidat o d’algun membre important d’una candidatura suposa haver de repensar tota l’estratègia electoral; esta és una de les raons per les quals els partits polítics intenten evitar actuacions directes, ràpides i contundents davant les primeres notícies dels casos de corrupció que afecten a algun dels principals integrants de cada candidatura.
    1. Solució: Si al punt 2.b parlava de casos individuals, ara toca fer-ho de l’organització política al complet: cap partit polític, per molta història que dugue al darrere o per molta legitimitat que puga obtindre a unes eleccions, pot ser considerat ni pot considerar-se a sí mateix portador únic o valedor necessari dels valors democràtics. La llei de partits atorga a una sala especial del Tribunal Suprem la potestat per a decidir la il·legalització d’una organització que s’autoproclama política però que en realitat és una organització criminal utilitzada per a finançar al·legalment (aprofitant buits legals anteriors) activitats de caràcter delictiu; és evident que el finançament d’una activitat terrorista no és equiparable al robatori de béns o diners públics, però la corrupció reiterada dins els partits polítics no deixa de ser un delicte de conseqüències (com s’està veient avui) tant o més desastroses per a qualsevol sistema democràtic. Potser caldria habilitar una sala especial del Tribunal Suprem per a declarar il·legals a les organitzacions aparentment polítiques que, de manera reiterada (per exemple, 10 sentències condemnatòries durant un període de quatre anys), utilitzen mètodes corruptes per a benefici propi.
    2. Solució: Cal pensar en reformar la llei electoral per a fer dependre menys als candidats i a les candidatures dels partits polítics; les llistes obertes podrien ser una solució a esta excessiva dependència. Per una banda, els partits haurien de pensar estratègies electorals que serviren per a qualsevol dels candidats proposats, de manera que la caiguda d’un d’ells no suposaria tant de perjudici per al propi partit i els mecanismes interns de control de la corrupció podrien ser aplicats sense por a desbaratar tota l’estratègia electoral; i, per altra banda, els candidats tindrien una major dependència dels electors respecte del partit.
    3. Solució: Seguint este últim raonament, caldria habilitar també mètodes de revocació directa d’un candidat a iniciativa dels propis electors (a banda dels sistemes d’expulsió directa en cas d’imputació que he citat abans), però també a iniciativa del partit pel qual s’hage presentat. És a dir, que qualsevol candidat puga ser sotmès a un procés de revàlida quan així ho demanen un percentatge dels electors de la demarcació per la qual s’hage presentat o quan així ho demane el partit baix el qual hage estat elegit. D’esta manera es tallaria d’arrel eixa sensació de què qualsevol polític amb pocs escrúpols pot aguantar els quatre anys de cada legislatura fent i desfent baix el paraigües de la impunitat per a assegurar-se una bona pensió pública.
  4. Problema: La manca de transparència en el destí final dels diners públics s’ha convertit en una qüestió que requereix una solució global que no pot afectar només als partits polítics.
    1. Solució: Potser és hora de considerar que les raons històriques per les quals se’ls va permetre als sindicats no haver de fer públics els seus comptes han quedat ja obsoletes.
    2. Solució: Les empreses que s’adjudiquen serveis i obres públiques haurien de ser sotmeses també a la presentació pública de determinades dades sobre el cost d’eixos serveis i d’eixes obres; la protecció de dades personals o el secret empresarial no pot utilitzar-se com a excusa per a colar els escandalosos sobrecosts d’alguns contractes públics.
    3. Solució: A les fundacions que perceben subvencions públiques o que col·laboren directa o indirectament amb les administracions cal exigir-los una total transparència; donats els entramats empresarials opacs descoberts al voltant d’este tipus d’organitzacions, tots els projectes relacionats amb obres o serveis públics que duguen a terme les fundacions haurien d’incloure la publicació de les empreses proveïdores i de les persones físiques que estan al darrere d’estes per a evitar que es creen facturacions unflades per a enriquir a les mateixes persones que estan al davant d’una suposada organització sense ànim de lucre. A més, les fundacions també haurien d’estar sotmeses als mateixos requisits que s’han citat per a les empreses al punt anterior.
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Propostes per al Fòrum contra la corrupción del PSPV-PSOE

Vaig rebre la setmana passada una invitació per a participar en un Fòrum contra la corrupció i per la transparència que s’ha de celebrar a València del 6 al 9 d’este mes; com que a mi m’és impossible anar en eixos horaris intempestius, però sí que m’agradaria aportar algunes propostes al debat, els les he enviades per correu electrònic. Ja vos contaré què em diuen (si em diuen alguna cosa, clar). Allà van les propostes contra la corrupció que els he enviat:

  1. Problema: Els ciutadans es veuen impotents i acaben indignant-se davant els escassos resultats de la persecució de la corrupció (pactes a última hora per a evitar sentències judicials condemnatòries o per a aconseguir rebaixes en les responsabilitats pecuniàries, prescripció dels delictes, persecució i desprotecció dels denunciants o dels propis jutges que persegueixen estos delictes, entrebancs continus als processos judicials gràcies a la contractació dels millors advocats –i per a major escarni dels ciutadans i de la justícia, contractats gràcies als recursos provinents de la pròpia corrupció–, etc.).
    1. Solució: A tots els delictes de corrupció política, sense excepció, caldria prohibir qualsevol pacte pre o extra judicial: caldria determinar sempre la responsabilitat jurídica mitjançant sentència o arxiu judicial.
      1. Efecte no desitjable: Podria argumentar-se com a efecte contrari a esta mesura la saturació dels jutjats, però en realitat els pactes extrajudicials només es produeixen actualment en les parts finals dels processos (o quan acabe la instrucció judicial o quan el juí ja està en la seua part final i els corruptes intueixen la condemna), de manera que la càrrega als jutjats d’instrucció o als de primera instància no es veuria tan afectada com en un principi podria parèixer; a més, sent la corrupció un problema de primer ordre, la pitjor manera de solucionar-lo és excusant-se en la manca de recursos per a fer-li front (al contrari, caldria posar tots els recursos necessaris per a tallar-la des de l’arrel).
      2. Efecte no desitjable: Es podria argumentar també que allargar els processos (per les garanties processals inherents a la nostra justícia) és una de les argúcies dels corruptes amb més recursos per a què els ciutadans s’obliden, amb el transcurs del temps, del delicte comés; això és cert en part (el cas de finançament il·legal de CiU és un dels exemples més recents), però també és cert que eixe transcurs del temps facilita els pactes extrajudicials i, finalment, que el corrupte puga tindre beneficis jurídics dels quals no gaudeixen la resta de delinqüents.
    2. Solució: Els terminis de prescripció dels delictes de corrupció (tots, també sense excepció) haurien d’ampliar-se substancialment; el fet que molts polítics tinguen accés privilegiat als ressorts del poder fa encara més difícil no només que les investigacions judicials siguen àgils (pels entrebancs habituals entre poders que persegueixen distints objectius), sinó sobretot que puguen posar-se de manifest els fets delictius, pas sense el qual no és possible –excepte per casualitats– iniciar cap investigació. Açò no només hauria d’aplicar-se a l’àmbit estrictament penal, sinó que hauria de fer-se extensiu també als delictes fiscals. En este mateix sentit, tal i com s’exposarà en un altre punt, caldria plantejar-se obertament la possibilitat de fer imprescriptibles determinats casos en els quals podria parlar-se d’organitzacions criminals amb mera aparença política.
    3. Solució: Els jutges amb casos de corrupció política entre els seus assumptes haurien de gaudir d’una especial immunitat fins què els processos judicials determinen la responsabilitat penal dels encausats, bé sigue per sentència o per arxiu definitiu de cada cas; és a dir, que els jutges que estiguen investigant o hagen investigat un cas de corrupció no podran ser jutjats per eixes investigacions fins que no es dicte sentència condemnatòria (i en este cas s’hauria d’intentar que només es pogueren interposar denúncies per delictes lleus) o l’arxiu definitiu (en este cas sí que es podrien interposar contra el jutge les denúncies per qualsevol dels delictes que estan vigents avui). Tanmateix, d’eixa manera als corruptes els interessaria molt menys posar traves al transcurs de les investigacions i del propi juí.
      1. Efecte no desitjable: Els jutges gosarien d’un poder excessiu front als altres poders de l’Estat; és cert, però la situació actual és que el poder judicial té un clar dèficit de poder front a l’executiu, i ahi està l’únic condemnat pel major cas de corrupció política de la curta història de la nostra democràcia per a demostrar este dèficit de poder: el jutge que va investigar inicialment tota la trama no podrà tornar a investigar a més polítics corruptes, mentre cada dia es va sabent que eixa trama de corrupció política arribava a ben bé tots els racons del poder executiu.
      2. Efecte no desitjable: Els excessos del jutge no podrien ser denunciats en el moment de produir-se i generarien una clara indefensió en les persones jutjades en cas d’una actuació judicial il·legal; també és cert, però estem tractant un assumpte excepcional i, per tant, les mesures per a solucionar-lo haurien de ser també excepcionals. Per a contrarestar este efecte no desitjable, hauria de modificar-se també l’inici del termini de prescripció de les possibles actuacions delictives dels jutges, que començaria a comptar des del moment de dictar-se la sentència o l’arxiu definitiu de cada cas; a més, totes les actuacions judicials haurien de quedar registrades per mitjans fàcilment recuperables si es volguera interposar una denúncia contra el jutge, de manera que la inicial indefensió no poguera convertir-se en definitiva per absència de material probatori pel transcurs normal del temps.
  2. Problema: La corrupció política és un fenomen que s’ha convertit en recurrent; els innumerables casos de corrupció, que apareixen quasi tots els dies als mitjans de comunicació hauria de ser una prova suficient de què els interessos particulars (per altra banda, completament legítims) dels partits polítics (els interessos electorals) es posen quasi sempre per damunt de qualsevol altre interès; açò fa que els sistemes de control intern de la corrupció (que existeixen sobre el paper a quasi tots els partits) acaben per perdre operativitat i efectivitat, donant la sensació que la primera reacció és sempre mirar cap a un altre lloc, la segona reacció és sempre tirar balons fora i només com a últim recurs s’utilitzen eixos sistemes de control intern preexistents, de manera que un mateix cas de corrupció acabe per omplir durant mesos o durant anys les portades dels mitjans de comunicació i la sensació d’una corrupció generalitzada segueix augmentant en l’opinió pública.
    1. Solució: El conflicte d’interessos entre els partits polítics i la societat a la qual volen representar necessita una solució urgent i d’aplicació universal; cal establir per llei sistemes que faciliten que qualsevol càrrec polític imputat en un cas de corrupció pergue (primer temporal i després, si la sentència és condemnatòria, definitivament) la legitimitat atorgada per les urnes, independentment dels sistemes interns que puguen establir les pròpies organitzacions polítiques. Açò ha d’incloure necessàriament la pèrdua dels escons (siguen de l’administració que siguen), el cessament immediat de qualsevol càrrec públic i la prohibició de percebre qualsevol sou públic, directe o indirecte, durant el transcurs de les investigacions que determinen la seua responsabilitat.
      1. Efecte no desitjable: Es podrien crear casos falsos de corrupció per a desfer-se de determinats polítics, sobretot de cara a cada procés electoral; en realitat, açò ja es podria fer ara, però els partits polítics podrien (i de fet ho fan) argüir conceptes de l’àmbit penal (la presumpció d’innocència) per a mantindre dins l’àmbit polític als seus candidats imputats. Des d’un punt de vista de servei públic, allunyar temporalment a un imputat de la política no hauria de ser vist com un càstig per a un partit determinat, sinó com una garantia per a la societat que ha de ser administrada per eixe partit; fent-lo extensiu per llei a tots els partits polítics i a tots els polítics inclosos en una llista electoral, no hauria d’utilitzar-se este argument per a mantindre els actuals sistemes interns, que sí que s’han demostrat font de desigualtat entre partits a l’hora d’aplicar-los.
      2. Efecte no desitjable: El cost polític podria ser molt elevat per a partits amb poca capacitat de reclutament, doncs els polítics que destacaren a eixos podrien ser atacats per les forces amb més capacitat mediàtica amb acusacions aparentment sòlides que pogueren iniciar procediments judicials que tallarien per complet l’evolució política de molts candidats; també en este cas estem davant una qüestió que es pot dur a terme avui mateix. Tant en este punt com en l’anterior podrien establir-se, també per llei, càstigs penals majors per a les falses denúncies en l’àmbit de la corrupció, tot i que açò podria ser contraproduent a l’hora de denunciar comportaments corruptes, de manera que este contrapunt no pareix una bona opció.
    2. Solució: La política com a servei públic hauria de ser l’únic criteri a l’hora d’afrontar la corrupció política; cap polític pot considerar-se a sí mateix ni ser considerat per ningú imprescindible per a servir a la societat. Cal habilitar sistemes per a adequar la política a persones amb vocació de servei públic i facilitar l’expulsió del sistema democràtic de les persones que entenen que la política és el seu únic mitjà de vida; l’actual problema consisteix en què se dona per suposat que qualsevol persona que està en política ho està per vocació i no per interessos, però la societat no té eixa percepció, entre altres coses pels propis efectes de la corrupció. Tot el sistema electoral hauria de reformular-se per a què l’especial protecció que s’atorgue als càrrecs polítics front a la justícia o front a altres maneres de fiscalització siguen una excepció, i no una generalitat com en l’actualitat, o si més no, almenys habilitar sistemes per a retirar l’actual protecció quan a un polític se’l investigue per delictes de corrupció.
  3. Problema: L’actual sistema electoral i de partits polítics fa que estes organitzacions funcionen d’una manera molt poc transparent de cara a la societat; molts partits s’han obert en certa mesura, però encara amb moltes limitacions, en part degudes a la necessària privacitat de les estratègies electorals de caràcter intern. Estes estratègies electorals són actualment (o almenys així ho pareix) una adaptació que fa cada partit en funció de cada candidat en particular, de manera que la caiguda d’un candidat o d’algun membre important d’una candidatura suposa haver de repensar tota l’estratègia electoral; esta és una de les raons per les quals els partits polítics intenten evitar actuacions directes, ràpides i contundents davant les primeres notícies dels casos de corrupció que afecten a algun dels principals integrants de cada candidatura.
    1. Solució: Si al punt 2.b parlava de casos individuals, ara toca fer-ho de l’organització política al complet: cap partit polític, per molta història que dugue al darrere o per molta legitimitat que puga obtindre a unes eleccions, pot ser considerat ni pot considerar-se a sí mateix portador únic o valedor necessari dels valors democràtics. La llei de partits atorga a una sala especial del Tribunal Suprem la potestat per a decidir la il·legalització d’una organització que s’autoproclama política però que en realitat és una organització criminal utilitzada per a finançar al·legalment (aprofitant buits legals anteriors) activitats de caràcter delictiu; és evident que el finançament d’una activitat terrorista no és equiparable al robatori de béns o diners públics, però la corrupció reiterada dins els partits polítics no deixa de ser un delicte de conseqüències (com s’està veient avui) tant o més desastroses per a qualsevol sistema democràtic. Potser caldria habilitar una sala especial del Tribunal Suprem per a declarar il·legals a les organitzacions aparentment polítiques que, de manera reiterada (per exemple, 10 sentències condemnatòries durant un període de quatre anys), utilitzen mètodes corruptes per a benefici propi.
    2. Solució: Cal pensar en reformar la llei electoral per a fer dependre menys als candidats i a les candidatures dels partits polítics; les llistes obertes podrien ser una solució a esta excessiva dependència. Per una banda, els partits haurien de pensar estratègies electorals que serviren per a qualsevol dels candidats proposats, de manera que la caiguda d’un d’ells no suposaria tant de perjudici per al propi partit i els mecanismes interns de control de la corrupció podrien ser aplicats sense por a desbaratar tota l’estratègia electoral; i, per altra banda, els candidats tindrien una major dependència dels electors respecte del partit.
    3. Solució: Seguint este últim raonament, caldria habilitar també mètodes de revocació directa d’un candidat a iniciativa dels propis electors (a banda dels sistemes d’expulsió directa en cas d’imputació que he citat abans), però també a iniciativa del partit pel qual s’hage presentat. És a dir, que qualsevol candidat puga ser sotmès a un procés de revàlida quan així ho demanen un percentatge dels electors de la demarcació per la qual s’hage presentat o quan així ho demane el partit baix el qual hage estat elegit. D’esta manera es tallaria d’arrel eixa sensació de què qualsevol polític amb pocs escrúpols pot aguantar els quatre anys de cada legislatura fent i desfent baix el paraigües de la impunitat per a assegurar-se una bona pensió pública.
  4. Problema: La manca de transparència en el destí final dels diners públics s’ha convertit en una qüestió que requereix una solució global que no pot afectar només als partits polítics.
    1. Solució: Potser és hora de considerar que les raons històriques per les quals se’ls va permetre als sindicats no haver de fer públics els seus comptes han quedat ja obsoletes.
    2. Solució: Les empreses que s’adjudiquen serveis i obres públiques haurien de ser sotmeses també a la presentació pública de determinades dades sobre el cost d’eixos serveis i d’eixes obres; la protecció de dades personals o el secret empresarial no pot utilitzar-se com a excusa per a colar els escandalosos sobrecosts d’alguns contractes públics.
    3. Solució: A les fundacions que perceben subvencions públiques o que col·laboren directa o indirectament amb les administracions cal exigir-los una total transparència; donats els entramats empresarials opacs descoberts al voltant d’este tipus d’organitzacions, tots els projectes relacionats amb obres o serveis públics que duguen a terme les fundacions haurien d’incloure la publicació de les empreses proveïdores i de les persones físiques que estan al darrere d’estes per a evitar que es creen facturacions unflades per a enriquir a les mateixes persones que estan al davant d’una suposada organització sense ànim de lucre. A més, les fundacions també haurien d’estar sotmeses als mateixos requisits que s’han citat per a les empreses al punt anterior.
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Quimiofóbicos contra quimiofílicos

Di hace unos días con una bitácora llamada Scientia; el artículo que me llevó hasta ella fue una crítica a otro artículo de Esther Vivas en Público.es titulado «Adictos a la comida basura». La crítica a este artículo la tituló su autor (José Manuel López Nicolás) «Público.es y su delirante alegato contra la química».
El artículo de Scientia rezuma una pedantería que me pareció un tanto fuera de lugar, pero a pesar de todo la entrada realizaba una crítica bastante seria al alarmismo (y hasta cierto punto conspiracionismo) de lo publicado por Esther Vivas; leyendo ambos artículos podemos hacernos una idea de los argumentos contradictorios existentes hoy acerca del uso de productos químicos artificiales en materia alimentaria.
Lo primero que nos encontraremos al abordar este asunto es que las posiciones de ambas partes son totalmente irreconciliables: cada cual argumenta según sus propias convicciones sin entrar en los argumentos contrarios, que son tenidos como argumentos fanáticos por ambas partes. Desde fuera, desde luego, el espectáculo es lamentable: los quimiofóbicos (el título de esta entrada es el que es porque así denominan los defensores de la química a quienes desconfían del uso que se le da a esta ciencia en determinados casos) acusan a los quimiofílicos de estar pagados por las grandes empresas alimentarias y los quimiofílicos acusan a los quimiofóbicos de ser unos auténticos analfabetos sin autoridad alguna. Diga lo que diga la parte contraria, no puede tener razón.
Las falacias en uno y en otro sentido son continuas, pero se podrían resumir en dos:
  • Los quimiofóbicos aseguran que la gran industria alimentaria ha conseguido que las organizaciones que deben velar por la seguridad de los alimentos hagan la vista gorda ante informes negativos sobre determinados aditivos, haciendo que prevalezcan en muchas ocasiones los intereses económicos sobre los salubres.
  • Los quimiofílicos, por contra, argumentan que todo lo que nos rodea es química, desde el agua hasta nuestro cuerpo, por lo que la crítica hacia los componentes químicos de los alimentos sólo puede hacerse desde la más absoluta ignorancia.
Tal vez el más conocido y controvertido de los aditivos alimentarios sea hoy el aspartamo (E-591), citado en el artículo de Esther Vivas con una inquietante y atrevida frase («varios experimentos han demostrado que el consumo continuado de dicha sustancia puede resultar cancerígeno») y ferozmente defendido en la entrada de José Manuel López Nicolás («ya es mala suerte que se te haya ocurrido relacionar el aspartamo con el cáncer precisamente la semana que la EFSA ha emitido un informe en el que afirma que este aditivo es totalmente seguro»); la confrontación entre ambos extremos es tal que las afirmaciones acaban siendo tan tajantes por ambas partes que lo único que se genera en el lector es más confusión si cabe. Porque lo cierto es que los experimentos que demuestran que el aspartamo es cancerígeno no se citan en el artículo de Esther Vivas, pero es que lo que emitió la EFSA tampoco fue un informe, sino un borrador que debe someterse a la crítica científica hasta el 15 de febrero y sus conclusiones puede que pasen a ser definitivas, puede que tengan que modificarse o incluso (aunque sea muy poco probable) puede que tengan que descartarse.

Molécula del aspartamo
Pero dejemos que el aspartamo siga su experimentación científica (el informe definitivo no tardará en ver la luz: está previsto para mayo) y centrémonos en otros aditivos por desgracia más conocidos, como el E-103 (la crisoína); las pruebas científicas a las que se sometieron diversos aditivos alimentarios a finales de los años 50, supervisadas y revisadas por la FAO o por la OMS para autorizar su uso para la alimentación humana, determinaron que la crisoína (extraída de la alkanna tinctoria) era completamente segura. En 1962 se incluyó en Europa dicho aditivo como autorizado para su uso en repostería y en bollería para darles a los productos un mejor aspecto a través de su coloración y se le dio el nombre de colorante E-103; tras catorce años de uso, fue prohibido en Europa en 1976 por su toxicidad, de especial peligrosidad para los niños (en Estados Unidos se tardó otros doce años -hasta 1988- en decretar su prohibición), pero no fue el único colorante tóxico usado durante esos catorce años: en la lista de prohibiciones enlazada hay otros ocho colorantes que acabaron por prohibirse en 1976 tras autorizarse en 1962.
¿Debemos entonces rechazar por norma los argumentos quimiofóbicos que advierten de posibles efectos adversos no reconocidos por las autoridades sanitarias que deben dictar su autorización? Pues depende.
Podemos utilizar el caso del aspartamo para entender el por qué de este enfrentamiento sin cuartel entre defensores y detractores de los aditivos alimentarios artificiales; eso sí, debemos ser conscientes que los aditivos naturales también pueden ser tóxicos (por ejemplo, el azafrán de las paellas valencianas también mata) y que todo aditivo -natural o artificial- es susceptible de provocar enfermedades si se utiliza por encima de unos determinados niveles (y esos niveles son los que determinan las autoridades sanitarias como la EFSA). Este aditivo fue propuesto para su aprobación en Estados Unidos en 1974, en 1980 se descartó su autorización a falta de algunas pruebas más y en 1981 se aprobó como aditivo para bebidas alcohólicas; en 1983, una vez realizadas las pruebas que se consideraron necesarias, se aprobó su uso también para el resto de alimentos. Desde entonces, los niveles que se consideran seguros son de 40 mg. de aspartamo por cada kilogramo de peso del consumidor, habiéndose confirmado esos niveles en 1985, en 1989, en 1997 y en 2002; las pruebas realizadas para determinar los niveles seguros de aspartamo incluyeron la posible intoxicación por metanol o por el formaldehído en el que se transforma en el estómago, la posible alteración de la composición neuroquímica del cerebro, la posibilidad de cambios neuroendocrinos en el cerebro, los ganglios y la médula y la posibilidad de crear episodios epilépticos o tumores en el cerebro.
Conocer el tipo de pruebas que se le realizan a una sustancia que está en los alimentos asusta, ¿verdad? Pero de eso se trata: lo tóxico del aspartamo (como lo tóxico de cualquier otra sustancia) proviene de su descomposición en el estómago o en los intestinos. Además de la intoxicación directa por los productos derivados de la hidrólisis del aspartamo en nuestro cuerpo (metanol y sus derivados, el formaldehído y el ácido fórmico, que constituyen aproximadamente el 10% del aspartamo descompuesto), el exceso de concentración en la sangre de aminoácidos como el ácido aspártico o la fenilalanina (los otros derivados del aspartamo tras su hidrólisis, que consituyen el 40% y el 50%, respectivamente, del aspartamo descompuesto) puede resultar en una alteración de la composición neuroquímica del cerebro; además, la fenilalanina se transforma a su vez en tirosina, que es la precursora de las catecolaminas (la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina son las más conocidas y abundantes en nuestro cuerpo), que son neurotransmisores asociados al estrés y a la obesidad. Estos tres aspectos negativos del aspartamo no han sido científicamente contradichos en cuanto a su inocuidad en las dosis establecidas por las autoridades sanitarias (es decir, que los niveles de metanol, de formaldehído, de ácido aspártico y de fenilalanina contenidos en 40 mg. de aspartamo por cada kilogramo de peso del consumidor no se han demostrado perjudiciales por ningún estudio científico); es necesario indicar, además, que la fenilalanina (que es la sustancia que puede crear problemas en las personas fenilcetonúricas, que la transforman en un neurotóxico llamado fenilpiruvato por la carencia de una enzima) está presente en la leche materna, en carnes, pescados, huevos, espárragos, lentejas, cacahuetes o dulces en general, por lo que no se trata de una sustancia derivada exclusivamente del aspartamo.

Sin embargo, la controversia proviene del último de los aspectos negativos que se han citado en el penúltimo párrafo: la posibilidad de crear episodios epilépticos o tumores en el cerebro. La explicación es que, según numerosos informes (el primero tomado en serio por la EFSA fue el de la Fundación Ramazzini, publicado en 2005 y que dio origen a una revisión específica de la EFSA), la hidrólisis del aspartamo no se realiza exclusivamente en los intestinos, sino que una parte de la misma (la descomposición del aspartamo es muy rápida) se produce antes (en el estómago), por lo que los tejidos absorben parte del formaldehído derivado del metanol; en dichos informes se afirma que ese formaldehído hidrolizado fuera de los intestinos es acumulativo (es decir, que no se elimina por completo del cuerpo), y de ahí que se haya encontrado en niveles peligrosos en el hígado, en el cerebro o en la retina de algunas ratas utilizadas en las experimentaciones.

Tabla de incidencias de linfomas y leucemias en el experimento de la Fundación Ramazzini

Y ahora viene la gran pregunta: ¿por qué no se prohíbe si se ha demostrado eso? ¿Tendrá algo que ver que el aspartamo sea uno de los aditivos propiedad de Monsanto? En realidad, la respuesta no tiene nada que ver con la gran industria alimentaria: para demostrar el efecto acumulativo del formaldehído del aspartamo hidrolizado fuera de los intestinos se han tenido que aumentar las dosis de aspartamo suministradas a las ratas muy por encima de las dosis consideradas seguras (hasta 50 veces más: 2 gramos por kilogramo de peso), por lo que el efecto acumulativo de formaldehído en los tejidos ha sido considerado hasta ahora un efecto directo del exceso de dosis suministradas (es decir, que se considera que por debajo de las dosis máximas recomendadas el cuerpo es capaz de eliminar ese formaldehído por completo, por lo que no se produciría en ningún caso ese efecto acumulativo); además, la EFSA consideró que el estudio realizado por la Fundación Ramazzini adolecía de múltiples defectos metodológicos, por lo que las conclusiones del mismo (la relación directa del aspartamo con el cáncer) no podían validarse por completo. Resumiendo, la EFSA puso en entredicho aquellas conclusiones por las siguientes razones:

  1. El laboratorio de la Fundación Ramazzini no contaba con la homologación necesaria, que fue solicitada en reiteradas ocasiones (sin éxito) tanto a la propia fundación como al Instituto Italiano de Sanidad, que es quien otorga (u otorgaba) estas homologaciones en Italia; aunque pueda parecer un mero formalismo burocrático, la homologación como laboratorio permite reconocer la validez de sus estudios más allá de los usos privados y particulares (es decir, interesados) para los que se usen las pruebas realizadas en el mismo. Es decir, que garantizan que las conclusiones de los informes de un laboratorio homologado se han realizado bajo criterios y argumentos que siguen un cauce y una estructura determinados para que puedan ser sometidos fácilmente a crítica científica.
  2. Para realizar el estudio, la Fundación Ramazzini no utilizó los cauces y estructuras recomendados por la OCDE para los estudios a largo plazo sobre el cáncer (el denominado Test Guideline 451), imprescindibles para que los resultados del informe pudieran homologarse con los criterios científicos internacionales en la materia, aun cuando el laboratorio no gozase de esa homologación; al no seguir estas directrices en el transcurso de los ensayos se desvirtuaron las conclusiones (las directrices se dictan para evitar que los errores anteriores, comprobados con experiencias previas de otros estudios, vuelvan a reproducirse). Así, por ejemplo, el espacio que compartían las ratas en el estudio era inferior al recomendado por la OCDE; este espacio es de vital importancia, puesto que si es demasiado reducido (como fue el caso) se producen más infecciones en los animales, y estas infecciones son una de las posibles causas del cáncer, por lo que la mayor incidencia de esta enfermedad en esas ratas no podría atribuirse exclusivamente a otras causas (como la ingesta de aspartamo). En este mismo sentido, y entre otros errores metodológicos, la fundación no analizó las impurezas contenidas en el aspartamo suministrado a las ratas y que podrían ser también las responsables del incremento de casos de cáncer.
  3. Tal vez la crítica más importante y controvertida a las conclusiones del informe esté en el hecho de que en el experimento de la Fundación Ramazzini se optase por dejar que las ratas muriesen de forma natural en lugar de sacrificarlas tras 104-110 semanas; la razón esgrimida por el propio director del experimento tiene una explicación lógica: si el cáncer afecta mucho más a los humanos en su último tercio de vida, los experimentos sobre el cáncer también deberían realizarse teniendo en cuenta este hecho. Sin embargo, el límite de edad experimental de las ratas establecido por la OCDE también tiene una explicación lógica: los casos de cáncer a partir de las 104-110 semanas aumentan exponencialmente con o sin aspartamo, por lo que atribuir al aspartamo ese incremento de la enfermedad en ese último tramo vital requiere tener en cuenta este hecho, algo que en el experimento no se tuvo suficientemente en cuenta.
  4. Por último, la acumulación de ácido fórmico en algunos órganos fue atribuido por la EFSA (según los estudios analizados) a un metabolismo específico de las ratas que no afecta a los seres humanos, por lo que se descartó (salvo una futura demostración en contrario) que ese mismo efecto acumulativo pueda producirse en nuestros órganos.

¿Quiere eso decir que el aspartamo es completamente seguro y que no es cancerígeno? Pues tampoco. El problema de las pruebas realizadas para comprobar la inocuidad de un compuesto químico (sea éste natural o sintético) es que no pueden eternizarse en el tiempo; ese incremento en las dosis de aspartamo para acelerar las pruebas es lo que invalida que pueda utilizarse para demostrar su relación con el cáncer. Pero, sin embargo, su acelerada hidrolización sí es conocida desde que se aprobó su uso como aditivo. Es decir, que el hecho de que sea un aditivo artificial sí lo hace diferente a otros alimentos naturales: su rápida descomposición hace que el formaldehído pase a los tejidos, algo que no ocurre por lo general con los alimentos naturales, que se descomponen más lentamente y lo hacen por completo en el intestino. Por lo tanto, si el proceso de descomposición difiere, lo último que debería afirmarse (y mucho menos por parte de quienes tienen conocimientos para entender de qué están hablando) es que se trata de un compuesto químico equivalente a cualquier otro compuesto químico presente en los alimentos naturales; de hecho, si se ha abierto una revisión de los efectos del aspartamo en la salud de sus consumidores es porque con anterioridad no se había tenido suficientemente en cuenta el efecto acumulativo de ese formaldehído en los tejidos.

Como ocurrió con la crisoína en 1976 tras catorce años de uso seguro (en Rusia aun está autorizado su uso como colorante), nadie puede afirmar hoy que el aspartamo no pueda ser prohibido en un futuro al demostrarse efectos no deseados en nuestro cuerpo, por muy ducho en química que sea quien lo afirme; un aditivo químico artificial que utiliza tiempos de descomposición distintos a los de los alimentos es susceptible de provocar disfunciones en nuestro cuerpo. Unos lo harán en mayor medida y otros lo harán de forma casi imperceptible, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es afirmar tajantemente que cualquier compuesto químico artificial utilizado como aditivo alimentario tiene las mismas características químicas y los mismos efectos en nuestro cuerpo que, por ejemplo, el agua. Porque es falso.

Pero aun nos faltan algunos datos más para hacernos una idea de la realidad del conflicto; en 2009, la EFSA ya realizó un estudio pormenorizado (ver el último enlace, unos párrafos más arriba) de los nuevos informes aparecidos desde 2002 que advertían de la posibilidad de que la ingesta de aspartamo provocase cáncer. Para ello utilizó en primer lugar diversos estudios (realizados en Europa y en Estados Unidos) para determinar la exposición del público al aspartamo, cuyas conclusiones, en líneas generales, pueden resumirse en las siguientes:

  • La exposición al aspartamo por ingesta de alimentos está, generalmente, por debajo de los 4 mg./kg. (es decir, un 10% de la cantidad considerada segura).
  • La exposición al aspartamo por ingesta de bebidas carbonatadas detectada en aquellos estudios fue del 25% de la cantidad considerada segura (10 mg./kg.).
  • Los suplementos de vitaminas que se estudiaron contenían dosis superiores a las recomendadas (6,4 mg./g. frente a los 5,5 mg./g. recomendados para este tipo de suplementos).
En ese mismo estudio se analizó la evolución en el consumo de alimentos y bebidas que contienen aspartamo: en Estados Unidos se consumían 60 litros de bebidas carbonatas con aspartamo por persona en 2004 (un 13% más que dos años antes) y en Holanda eran 30 litros en 2006 (un 150% más que once años atrás).

Flor del azafrán
Y ahora pongamos esas cifras en unidades más fáciles de manejar. Pero empecemos por la sustancia natural que ya hemos citado antes: el azafrán. Para determinar qué nivel de ingesta es necesario para considerar que una sustancia es letal para un ser humano se utiliza el denominado LD50 (dosis letal para el 50%), que para el caso del azafrán son 20,7 g./mg., que traducido a flores de azafrán serían más de 3.000 utilizando todos sus estambres; su nivel de toxicidad, por supuesto, estará por debajo de esa cifra (antes de llegar a las dosis mortales habrá otros efectos tóxicos), pero nos puede servir como ejemplo de los niveles en los cuales se utiliza como aditivo alimentario una sustancia que es tóxica.

Para el caso del aspartamo no disponemos de ese índice LD50, pero ya hemos visto que son 40 mg./kg. los que se han considerado seguros por la EFSA y que equivalen a cuatro botellas de bebidas carbonatadas “light“; claro, que las voces críticas con ese límite se refieren a la toxicidad del formaldehído, que es la sustancia que se considera cancerígena (no sólo por las voces críticas) y que se forma a partir del metanol, que es a su vez en lo que se transforma el 10% del aspartamo que entra en nuestro cuerpo. Y aquí es donde empezaremos a comprender las razones por las cuales el aspartamo está actualmente en entredicho: esos 4 mg./kg. de metanol (el 10% en peso del aspartamo), que se convertirá en formaldehído, es ocho veces superior a las dosis de metanol consideradas seguras (0,5 mg./kg.) por las propias agencias de seguridad (en este caso la EPA estadounidense). Y sin embargo la EFSA no varía las dosis recomendadas de aspartamo.

Veamos la relación: una botella de bebida carbonatada “light” contendrá el 25% de ese metanol en el que se convertirá el aspartamo, es decir, que cada botella nos aportará 1 mg./kg. de metanol, que es exactamente el doble de la dosis considerada segura por las agencias de seguridad alimentaria. Por lo tanto, no es una extravagancia sin sentido afirmar que las actuales bebidas carbonatadas “light” deberían prohibirse por exceder los niveles de metanol considerados seguros por las propias agencias como la EFSA.

Sin embargo, en los diversos estudios utilizados por la EFSA en 2009 no se detectó metanol (ni ninguno de los componentes en los que se hidroliza el aspartamo) en sangre hasta que las dosis se aumentaron hasta cinco veces los niveles considerados seguros (200 mg./kg. de aspartamo, es decir, 20 mg./kg. de metanol), por lo que en aquella ocasión se mantuvieron los límites establecidos hasta aquel momento para el aspartamo (40 mg./kg. al día).

En definitiva, pues, no hay evidencia científica alguna que pueda sostener hoy que el aspartamo no es seguro (ni, desde luego, que sea una de las posibles causas del cáncer), pero las dudas generadas sobre la posible incidencia negativa de esta sustancia en nuestro cuerpo no provienen (aunque esas dudas sean utilizadas posteriormente de forma poco científica) de miedos irracionales hacia la química o hacia los aditivos químicos en particular, sino de estudios químicos que, con mayor o menor acierto (hasta ahora con poco acierto), han cuestionado la completa inocuidad del aditivo E-591.

Por mi parte, y salvo que la EFSA diga lo contrario, voy a continuar haciéndome mis claras con gaseosas que contienen aspartamo (la que compro en un conocido hipermercado porque es más barata): la cerveza, que no lo contiene, es mucho más perjudicial para mi salud que el aditivo de la gaseosa. Y eso también está probado, y no por ello voy a dejar de disfrutar de mis cervezas, con o sin gaseosa.

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¿La absolución de Capio Sanidad? (I)

Ha levantado cierto revuelo mi anterior entrada sobre Capio Sanidad, en la que intentaba desmontar un bulo que circula por Internet en el cual se relacionaban con esta empresa a Rodrigo Rato como accionista, al marido de María Dolores de Cospedal como gestor de sus hospitales y a la hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha como Subdirectora de Investigación; ninguna de las tres relaciones era exacta, aunque la última de las personas implicadas (Teresa Echániz Salgado) sí formaba parte del organigrama de una de las múltiples fundaciones patrocinadas por la empresa (la Fundación Jiménez Díaz), aunque como Secretaria de la Junta Directiva y no como Subdirectora de Investigación (cargo ocupado desde 2004 por Carmen Ayuso García), por mucho que otra fundación (CONFIAS) le asignase en la Web de un Congreso ese cargo en enero de 2012 (la Memoria 2011 de la Fundación Jiménez Díaz, impresa tres meses después, seguía manteniendo a Carmen Ayuso García en el cargo que CONFIAS le había asignado a Teresa Echániz Salgado). (Actualización importante 11/01/2013: ver primer comentario de esta entrada).

El principal revuelo se ha producido, por supuesto, entre quienes creyeron que esas relaciones existían; en algunos comentarios se me acusaba de hacer el trabajo sucio de quienes pretenden saquear nuestra sanidad pública, en otros se me tachaba de ingenuo por absolver sin pruebas a los sospechosos… Nada fuera de lo previsible en un caso como este.

Mi principal argumento para defender aquella entrada es que disparar a ojo y demasiado alto suele dar como resultado un indeseable efecto boomerang: el desmentido de los dos peces gordos podría tapar por completo la comprobada relación de la hermana de José Ignacio Echániz Salgado (Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha) con la empresa que optará a la privatización de la sanidad pública en aquella comunidad autónoma. Es decir, que un escándalo en la adjudicación de la gestión de hospitales públicos acabaría por pasar desapercibido por intentar implicar en el escándalo a las personas equivocadas.

El pasado 10 de diciembre, Capio Sanidad publicó un desmentido sobre los “insistentes rumores que circulan en forma de panfleto, a través de internet y en las redes sociales“; en aquel desmentido, la empresa se limitó a negar su relación con los nombres de los políticos más conocidos, obviando por completo el nombre del Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha:

«Ni Rodrigo Rato, ni Esperanza Aguirre, ni Dolores de Cospedal, ni Ignacio López de Hierro, ni ningún otro político tienen ni han tenido nunca relación alguna con el Grupo.»

Tan fácil y tan simple como eso para desacreditar por completo toda la información, tanto la falsa, como la inexacta, como la cierta; ahora vayan ustedes a convencer a alguien de que es escandaloso o vergonzoso que Capio Sanidad no hable en su desmentido de un tal José Ignacio Echániz Salgado ni de su hermana.

A pesar de todo, algunos de los que participaron en los comentarios a mi anterior entrada insistieron (y aun insisten) en dar por válida, por ejemplo, la relación accionarial de Rodrigo Rato con Capio Sanidad, basándose en la política opaca de la empresa a la hora de dar los nombres de sus consejeros en los órganos de gestión y dando por supuesto que el perfil empresarial de la familia Rato (al igual que el del marido de Dolores de Cospedal) sólo podía desembocar en una alta probabilidad de su participación de alguna forma en el organigrama directivo de Capio; como ya dije en mi anterior entrada sobre esta empresa, mi curiosidad al respecto no alcanza para desembolsar una importante suma de dinero a los registros mercantiles, sobre todo porque demostrar la no existencia de una relación determinada es lo que se llama una prueba diabólica y en casos como este ese tipo de prueba jamás dejaría satisfechas las dudas de los acusadores sobre esa ausencia de relación alguna. No obstante, y puesto que alguno de los comentaristas de mi anterior entrada afirmó que no era posible llegar a averiguar quién estaba realmente detrás de Capio Sanidad (por esa política oscurantista), me he permitido seguir investigando un poco más y he averiguado que ya ha habido quien ha logrado poner nombres y apellidos no sólo a sus consejeros, sino también a sus accionistas.

Sí quisiera dejar claro, antes de seguir con la información detallada de Capio, que este debate sólo desvía el verdadero problema que tenemos hoy con la sanidad pública, que no es la empresa Capio Sanidad (si no estuviese Capio estaría otra), sino la puesta en venta de la propia sanidad pública, ésta sí responsabilidad de políticos con todo el renombre que se quiera (con el Presidente a la cabeza), a la que acuden como buitres los fondos de capital riesgo, obviamente porque el negocio de la sanidad les sale muy rentable. No obstante, sí parece necesario poner a disposición de quien quiera entrar en más detalles (para facilitar una investigación más amplia) algunos datos referentes al mayor entramado privado del sector sanitario que opera en España, primero para evitar malentendidos y palos de ciego, pero sobre todo para recopilar mucha información dispersa que, consultada por separado, introduce en demasiadas ocasiones opiniones parciales y sesgadas que llevan a conclusiones argumentalmente poco robustas y que acaban por desacreditar toda la información, incluso la contrastada.

Capio Sanidad, S.L. tiene desde noviembre de 2011 a un único accionista (desde marzo de ese mismo año el accionista mayoritario ya fue CVC Capital Partners, pero no desembolsó la totalidad del capital en aquella primera operación), que fue quien compró el 100% de las acciones que tenía la empresa sueca Capio por 900 millones de euros: CVC Capital Partners. Esta empresa de capital-riesgo pertenece a un grupo empresarial por el cual responde Poitiers Develop, S.L., propiedad a su vez de CVC Capital Partners a través de una empresa holandesa; pero antes de entrar en los entramados empresariales opacos que podamos encontrarnos por el camino, vaya por delante la lista de consejeros, representantes y/o apoderados de Capio Sanidad (aviso: es larga, muy larga), primero los que estaban cuando era propiedad de la empresa sueca Capio (los datos de libre acceso están disponibles desde diciembre de 2008 en adelante) y después todos los demás.

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por la empresa sueca Capio y que cesaron cuando la empresa fue adquirida por CVC Capital Partners o antes:

  1. Carmen Farré Guerrero (antes de 2009 – 29/01/2009).
  2. Laura Fernández Castro (antes de 2009 – 02/12/2009). Vicesecretaria.
  3. Agustí Llop Vilanova (antes de 2009 – 13/05/2009).
  4. Herve Descazeaux (antes de 2009 – 18/03/2011).
  5. María Sierra Sánchez Crespo Rodríguez (antes de 2009 – 18/03/2011).
  6. Khawar Mann (06/03/2009 – 18/03/2011).
  7. Jones Fredrik Naslund Erik (13/05/2009 – 18/03/2011).
  8. José Manuel Corona Álvarez (13/05/2009 – 06/08/2010).

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por la empresa sueca Capio y que mantuvieron sus cargos temporalmente tras la adquisición por CVC Capital Partners:

  1. Xosé Carlos Abal López Valeiras (antes de 2009 – 09/02/2012).
  2. Robert Andreen Bernt (antes de 2009 – 09/02/2012).
  3. Nicolás Bonilla Villalonga (antes de 2009 – 09/02/2012).
  4. Marcelo Gigliani Uriarte (antes de 2009 – 09/02/2012).
  5. Eric Johansson Lars (antes de 2009 – 09/02/2012).
  6. Laurent Ganem (antes de 2009 – 09/02/2012).
  7. Natividad Comes Górriz (06/10/2009 – 09/02/2012).
  8. Marta Bajo Barrio (06/10/2009 – 09/02/2012).
  9. Luis Guinea Esquerdo (06/10/2009 – 09/02/2012).
  10. Nuria Savall Franco (06/08/2010 – 05/09/2012).

Consejeros, apoderados y representantes nombrados por CVC Capital Partners y que ya no están activos:

  1. Juan Picón García de Leániz (18/03/2011 – 21/03/2011). Administrador único durante los días del traspaso de poderes.

Consejeros, apoderados y representantes actuales:

  1. Víctor Madera Núñez (antes de 2009). Presidente. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Presidente hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
  2. Álvaro Sáinz Martín (antes de 2009). Secretario. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Secretario hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
  3. Ignacio Echenagusia López (02/12/2009). Vicesecretario. Nombrado por la empresa sueca Capio. Fue Vicesecretario hasta 18/03/2011 y lo vuelve a ser desde 21/03/2011.
  4. Luis Javier García Muñoz (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  5. Juan Carlos González Acebes (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  6. María Luisa Espinós Sánchez (antes de 2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
  7. José Ignacio García Bernís (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  8. Luis Emilio Villazón Friera (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  9. Ignacio Montes García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  10. Javier Mate García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  11. Francisco Navarro Valiente (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  12. Nieves Elena Arias Menéndez (antes de 2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
  13. José Salgado Herrera (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  14. Jorge Mon García (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  15. Eduardo Ortega Casado (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  16. José Javier de la Calzada Carrillero (antes de 2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio, cesado el 18/03/2011 y nombrado de nuevo el 10/01/2012.
  17. María Luisa Lajara Rodríguez (28/07/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
  18. Cristina Sánchez Gómez (06/10/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
  19. Ana Posada Pérez (06/10/2009). Apoderada. Nombrada por la empresa sueca Capio.
  20. Juan Antonio Álvaro de la Parra (02/12/2009). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  21. Luis Ortega Alba (04/02/2010). Apoderado. Nombrado por la empresa sueca Capio.
  22. Theatre Directorship Services Gama S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
  23. Theatre Directorship Services Beta S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
  24. Theatre Directorship Services Alfa S.A.R.L. (18/03/2011). Consejero.
  25. Francisco Javier de Jaime Guijarro (21/03/2011). Representante.
  26. Pablo Julián Costi Ruiz (21/03/2011). Representante.
  27. Ignacio Cobo Bachiller (21/03/2011). Representante.
  28. Marcos Fernández Rico Núñez (17/06/2011). Apoderado.
  29. Saray Alen Gobernado (10/01/2012). Apoderada.
  30. Sonia Cortés García (10/01/2012). Apoderada.
  31. María Cecilia Gras Balaguer (10/01/2012). Apoderada.
  32. Jesús Antonio Ezquerra Serrano (10/01/2012). Apoderado.
  33. Adolfo Jesús Fernández Valmayor Ruiz de Alegría (09/02/2012). Apoderado. También es Consejero desde 06/09/2012.
  34. Jesús María Rodríguez Alejandre (09/02/2012). Apoderado.
  35. Ismael López de la Osa (10/03/2012). Apoderado.
  36. Héctor Ciria Suárez (05/09/2012). Apoderado.

Cualquiera que quisiese investigar las vinculaciones políticas de esta empresa se echaría atrás ante esta lista de 55 nombres (en el Registro Mercantil aparecen, desde diciembre de 2008, 124 nombramientos, puesto que gran parte de los cargos fueron renovados una o más veces desde ese año), de los cuales sólo 3 aparecen bajo la aparente opacidad de sociedades interpuestas; este es otro de esos datos que, durante el curso de esta investigación, han ido apareciendo de forma recurrente: los consejeros de Capio Sanidad (es lo que se indica constantemente en los artículos críticos) son desconocidos, puesto que se ocultan tras siglas empresariales y la empresa se niega a facilitar sus nombres y sus apellidos. Nos acabamos de llevar otra decepción más: otra de esas leyendas urbanas que repiten acríticamente unos y otros y que nadie parece haberse esforzado en comprobarlo jamás.

¿De verdad con tanta basura informativa se pretende desacreditar a la empresa por sus relaciones con políticos interesados personal o ideológicamente en la privatización de la sanidad pública? Ante tanto ruido y tanta información sesgada, errónea o directamente falsa, más de uno se preguntará si no estaremos ante una estrategia de intoxicación interesada para desviar la atención sobre las verdaderas vinculaciones políticas de la empresa; personalmente, dudo mucho que sea así, pero no estaría nada mal intentar clarificar algo más sobre Capio Sanidad, aparte de lo que sí sabemos que es cierto hasta ahora: que el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, sí tiene interés personal en que la empresa en la que trabaja su hermana sea la adjudicataria de la gestión de los hospitales públicos de su propia comunidad autónoma.

Empecemos por lo ya investigado por otros y fácilmente contrastable. ¿Tiene Capio Sanidad otras vinculaciones políticas con el Partido Popular más allá de las falsedades vistas hasta ahora? Y la respuesta es que sí.

La mujer de Juan Picón García de Leániz, nombrado Administrador Único de Capio Sanidad, S.L. para realizar el traspaso de poderes a los nuevos propietarios de la empresa, es amiga personal de José María Aznar López: el que tres años después sería Presidente de España fue testigo en la boda de María Torralba Agud con Juan Picón García de Leániz, celebrada en noviembre de 1993.

Como curiosidad (aunque también demostraría que estamos ante personajes de la alta sociedad madrileña), también podemos encontrar otra reseña en ABC de la boda de otro de los dirigentes de Capio Sanidad, S.L. dos años antes (en abril de 1991), aunque en esta ocasión entre los testigos no encontramos a personajes de tanta relevancia pública:

La empresa de CVC Capital Partners que, oficialmente, tiene el 100% de las acciones de Capio Sanidad, S.L. se llama Desarrollos Empresariales Piera, S.L., que es el socio único desde el 04/11/2011 según el Registro Mercantil; a su vez, el propietario del 100% de esta empresa es Poitiers Develops, S.L. al menos desde el 23/12/2010; y el propietario del 100% de Poitiers Develops, S.L. es la empresa holandesa HC Investments BV desde al menos el 21/12/2010. Curiosamente, tanto Poitiers Develops, S.L. como Desarrollos Empresariales Piera, S.L. iniciaron sus actividades el mismo día según el Registro Mercantil (el 11/11/2010) y tuvieron en sus inicios el mismo domicilio social (Paseo de la Castellana, 164 Entreplanta 1 de Madrid), el mismo capital social (3.006,00 €), el mismo objeto social (comercio al por mayor, al por menor, importación, exportación y fabricación de todo tipo de artículos de regalo) y la misma administradora única (Rosario Pérez Gómez).

Ahora tomemos las fechas del párrafo anterior en orden inverso: el 11/11/2010 se constituyen las dos empresas que van a ser las propietarias de Capio Sanidad, S.L. con el capital mínimo y con una administradora que cuenta con más de 400 movimientos en los registros mercantiles españoles desde diciembre de 2008; un mes después HC Investments BV adquiere Poitiers Develops, S.L. y ésta adquiere Desarrollos Empresariales Piera, S.L., se cesa en ambas a Rosario Pérez Gómez y se nombra a Juan Picón García de Leániz como administrador único, trasladándose el domicilio social de ambas empresas al número 35, segunda planta de la misma calle. Poco antes de la adquisición de Capio Sanidad, S.L. se amplían los capitales de ambas empresas (por el mismo importe tanto en Poitiers Develops, S.L. como en Desarrollos Empresariales Piera, S.L., en una operación en cascada de más de 22 millones de euros iniciada desde HC Investments BV), se cesa a Juan Picón García de Leániz y desembarcan en ambas empresas los nuevos cargos (Theatre Directorship Services Alpha, Beta y Gama, S.A.R.L., Ignacio Cobo Bachiller, Francisco Javier de Jaime Guijarro, Pablo Julián Costi Ruiz y el propio Juan Picón García de Leániz), que son los mismos que entraron en los órganos directivos de Capio Sanidad, S.L. unos días más tarde.

Las cuatro personas físicas de los nuevos órganos directivos de las tres empresas corresponden a personal de CVC Capital Partners, según consta en sus perfiles en la red LinkedIn (en la cual encontraremos los perfiles de Pablo Costi Ruiz, de Javier de Jaime y de Iñaki Cobo, así como los de otro personal de CVC que no participa en este entramado, como Juan Arbide, José Torre de Silva o Cristina Fernández González-Granda); casi todos ellos tienen en común sus estudios en la Universidad Pontificia de Comillas y su paso por grupos bancarios o financieros como el Santander, Citigroup o BNP Paribas.

Pero en Capio Sanidad, S.L. se mantienen en los cargos principales del consejo de administración (presidente, vicepresidente y secretario) las mismas personas que ya estaban nombradas por los anteriores propietarios; hagamos una pausa en el texto para recopilar gráficamente el origen de los 36 cargos orgánicos que configuran hoy Capio Sanidad.

Reestructuración del grupo empresarial sueco en España en 2006
Coincidencia de cargos directivos tras la compra de la empresa por CVC Capital Partners
Evolución de la entrada de CVC Capital Partners en Capio Sanidad, S.L.
Si comprobamos las coincidencias entre los dirigentes de Capio Sanidad en 2006 y los actuales, comprobaremos que se mantienen en las actuales estructuras de la empresa cuatro de sus miembros (Víctor Madera Núñez, Álvaro Sáinz Martín, Luis Javier García Muñoz y Juan Carlos González Acebes); asimismo, de los dirigentes existentes justo antes de la compra de la empresa por parte de CVC Partners Capital se han mantenido 17 tras el cambio de propietarios, entre ellos, como ya se ha dicho, los principales cargos del Consejo de Administración (Víctor Madera Núñez, Álvaro Sáinz Martín e Ignacio Echenagusia López). Por último, cabe indicar que algunos de los cargos de la filial (Capio Sanidad, S.L.) han sido nombrados también cargos tanto en la matriz de ésta (Desarrollos Empresariales Piera, S.L.) como en la sucursal en España de HC Investments BV (Poitiers Develops, S.L.): José Salgado Herrera, Jorge Mon García, Juan Carlos González Acebes y el propio Víctor Madera Núñez.
Habrá que distinguir, por lo tanto, dos núcleos claramente diferenciados dentro del actual entramado empresarial existente alrededor de Capio Sanidad, S.L.: por una parte, el núcleo de CVC Capital Partners, que podríamos denominar el núcleo financiero o capitalista, y por otra parte el núcleo proveniente de la anterior etapa de la empresa, que podríamos llamar el núcleo histórico (otra posible denominación podría ser la de núcleo profesional, pero, como veremos, hay piezas que no encajan dentro del mismo). Ya sabemos algunas cosas sobre los orígenes del primer grupo y sus relaciones con la alta sociedad madrileña o incluso con dirigentes de la derecha española; nos centraremos ahora en el estudio del segundo grupo y los posibles motivos de su incorporación a las estructuras de decisión de las empresas matrices de Capio Sanidad.

Víctor Manuel Madera Núñez

Víctor Madera Núñez
Este es, sin duda, el dirigente histórico de la actual Capio Sanidad del que más información encontraremos; una de las noticias más recientes en las que figura como protagonista, aparecida en El País el 06/01/2013, incluye un detallado repaso a su trayectoria profesional. Sin entrar en la verificación de todos los datos, y teniendo siempre en cuenta que al menos uno de ellos sí es erróneo (se le atribuye a Víctor Madera un 40% del capital de Capio Sanidad, empresa declarada unipersonal en el Registro Mercantil), tomaremos ese artículo como base para averiguar algunos entresijos empresariales de este médico asturiano especialista en medicina deportiva y autoproclamado defensor de la sanidad pública e ideológicamente progresista.
No empezaré, sin embargo, con el sector de la sanidad, puesto que su actividad empresarial es más amplia: a finales de 2011 inició una serie de compras de inmuebles asturianos con valor histórico y artístico a través de otra de sus empresas (Paisajes de Asturias, S.L.), entre los cuales se encontraban Villa Excelsior (Luarca), Cuatro Torres (Barres) y Figueras (Castropol, donde tiene su sede social la mercantil), además de La Torre de los Moreno (éste en Ribadeo, en la provincia de Lugo). Esta empresa amplió su capital en más de 6 millones de euros en diciembre de 2010 y en otros 21 millones en febrero de 2012, teniendo en la actualidad un capital social de 27.505.680,00 €, y participa en los órganos de gestión de Inabol Ahorro, S.L. (ostenta la vicepresidencia y es uno de sus tres consejeros), donde Víctor Madera es representante junto a Celso González García (otro de los cargos históricos de Capio Sanidad -fue secretario, como en Catalana de Diagnòstic i Cirurgia, S.L.-, aunque sin continuidad directiva conocida en la empresa desde la fusión del grupo en 2006, aunque sí en la gestión de algunos de sus centros hospitalarios), siendo ésta otra de las empresas relacionadas con este empresario que ha ampliado su capital desde que se iniciaran los movimientos de CVC Capital Partners para adquirir Capio Sanidad, S.L. (se amplió su capital en casi 1,5 millones en marzo de 2011, en 2.250.000 euros en junio de ese mismo año y en casi 5,3 millones en agosto de 2012, dando como resultado un capital social de 9.049.998,00 €).
Celso González García
En Inabol Ahorro, S.L. ostentan el resto de cargos del Consejo de Administración otras dos empresas: Zen Capital, S.L. (empresa sevillana cuyo administrador único es José María González de Caldas Muñoz, dedicado a las inversiones en energías renovables y en el sector turístico tras pasar por el sector inmobiliario) y Elanos Cartera, S.L., antiguo accionista mayoritario del Real Oviedo, C.F.; este hilo conductor nos lleva de nuevo a Celso González, al que se responsabiliza (era el representante de Elanos Cartera, S.L., puesto que se le consideraba máximo accionista del club asturiano –ahora aun mantiene el 14% de las acciones-) de la gestión que llevó al Oviedo a su práctica desaparición. Y tirando de este hilo llegamos a la vida profesional de uno de los principales socios de Víctor Madera: Celso González García regenta el bufete Legalia Abogados, S.L.
La práctica totalidad de actividades empresariales de Víctor Madera son compartidas con Celso González, a quien se le atribuyen buenas relaciones con el PSOE asturiano (Eugenio Prieto Álvarez, quien fuera presidente del Oviedo desde 1988 hasta 2002 -cuando Elanos Cartera, S.L. era el accionista mayoritario del club-, disputó internamente la candidatura a la alcaldía de Oviedo al socialista Leopoldo Tolivar Alas en 2002, aunque salió derrotado).
Los orígenes remotos de Capio Sanidad también tienen más relación con el PSOE que con el PP; el Centro de Diagnóstico Recoletas, S.A. fue una especie de franquicia que nació en 1988 en Valladolid, aunque su división en clínicas privadas jurídicamente independientes propició que en las provincias de Toledo y de Albacete (allí se fundaron en 1994) se desarrollara con mayor rapidez el negocio. A esas clínicas familiares, creadas para descongestionar las listas de espera de la sanidad pública, se incorporó en 1996 el cardiólogo Fernando Largo, Director del INSALUD de Toledo y Subdirector General de Conciertos del Ministerio de Sanidad en la última legislatura de Felipe González; en 1998, cuando ya disponían de unos 700 trabajadores y se encargaban de reducir las listas de espera de cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, decidieron buscar un comprador, y para ello contactaron con un treintañero llamado Víctor Madera, que por entonces se dedicaba, gracias a su formación en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias y a Fernando Lamata (ex-Consejero de Salud de Castilla-La Mancha), a la gestión de centros de Cruz Roja. Y no tardaron en encontrar un comprador: CVC Capital Partners, ya entonces dirigido en España por Francisco Javier de Jaime Guijarro. Así nacería Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC).
Durante los ocho años que CVC Capital Partners estuvo al frente de IDC el grupo iría creciendo, sobre todo por la adjudicación en 2001 de la gestión del Hospital General de Cataluña y con la entrada en 2002 en la maltrecha Fundación Jiménez Díaz; en enero de 2005 fue cuando se produjo la venta (por 330 millones de euros) de IDC al grupo sueco Capio y cuando el nombre cambiaría al actual tras varias operaciones de escisiones, fusiones y absorciones. Al año siguiente, la empresa sueca Capio AB, que cotizaba en la Bolsa de Estocolmo, fue adquirida por dos fondos de capital riesgo (Apax y Nordic Capital), constituyéndose así la estructura societaria (con Overseas Healthcare AB en la cúspide de la pirámide) que se mantendría hasta 2011. Víctor Madera ha sobrevivido a todos esos cambios, manteniéndose al frente del principal grupo sanitario privado que actúa en España.
Su nombre ha ido apareciendo de forma intermitente en prensa o en los más diversos boletines oficiales. En 2007 constituyó la Fundación Recover, Hospitales para África junto a otros directivos de Capio Sanidad, algo que conllevó una petición de información del PP asturiano por la presencia de Nieves Elena Arias Menéndez (en aquellas fechas Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias) entre los patronos de la fundación y como apoderada en varias empresas del grupo empresarial; en 2009 se le denegó un recurso contencioso-administrativo con el que intentó evitar que se demoliese una vivienda de su propiedad en Tapia de Casariego; en marzo de 2012 fue noticia al responsabilizarle del fracaso de las negociaciones para la fusión de Capio Sanidad con Ribera Salud; y en la recta final de 2012, con las redes sociales echando humo con las supuestas relaciones de Rato y Cospedal con la empresa, ha sido fuente de numerosos artículos en la prensa escrita.
Independientemente del posible lavado de cara (pretendido o casual) con el reciente artículo de El País, sus relaciones políticas podrían estar tan cercanas al PSOE como al PP, aunque la balanza se decanta claramente, vista su trayectoria, por el primero; un equilibrio lógico en quien está al frente de una empresa con una estrategia de negocio que le obliga a sobrevivir exclusivamente de unos fondos públicos que pueden cambiar de manos cada cuatro años.
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